Los grupos de la oposición en el Parlamento gallego, PSdeG, AGE y BNG, han expresado su rechazo al proyecto de modificación de la ley estatal de montes, y han intentado lograr un pronunciamiento de la Cámara para instar a la Xunta a que trasladase su oposición ante el Gobierno central.

Sin embargo, el PPdeG, grupo mayoritario, ha rechazado sendas iniciativas, del Bloque y de Alternativa, al argumentar que ve positivos "la mayor parte de los cambios" propuestos por el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación. "Supondrán una mejora", ha destacado el popular Ángel Camino, en la comisión de agricultura.

Por su parte, Antón Sánchez (AGE) se ha mostrado contrario a aspectos como la "recentralización" que, a su juicio, supondrá la modificación de la ley, y ha acusado a los populares de una "sumisión total a lo que digan en Madrid".

Mientras, Tereixa Paz (BNG), ha coincidido en denunciar el "claro retroceso" que supondrá, de salir adelante, una norma que disminuye "las capacidades de la Xunta" en materia forestal.

El socialista Pablo García ha mostrado su apoyo a ambas iniciativas al criticar que lo que el Ejecutivo pretende es reformar "tres o cuatro cosas" con las que no está de acuerdo pero, por otro lado, "no profundiza en una ordenación del monte, en la racionalización y en el establecimiento de criterios".

"no se corresponde con la realidad"

En su turno, Camino, en representación del PP, ha afirmado no compartir estas valoraciones ni la interpretación de la oposición. "Nos sorprende escuchar acusaciones de invasión de competencias, desprotección del monte... No se corresponde en absoluto con la realidad, ni tiene fundamento alguno en la normativa que se prevé aprobar", ha asegurado.

Al respecto, y tras avanzar que los populares no entienden que deba retirarse el actual proyecto, ha indicado, en primer lugar, que "con carácter general no se aprecia invasión de competencias" ni por la creación de un registro nacional de montes protectores ni por el inventario de caza y pesca "con fines estadísticos", puesto que entran, ambos, "dentro de las competencias estatales, sin que suponga un menoscabo competencias autonómicas".

"Incluso podemos decir lo contrario", ha resaltado el diputado, para reivindicar que "hay un refuerzo de las competencias autonómicas" en cuestiones como que la aprobación de instrumentos de gestión "seguirán estando regulados por las comunidades autónomas" y "también la declaración de montes de utilidad pública continúa siendo una función del órgano competente".

Por su parte, sobre las entidades representativas del sector, ha apuntado que queda "asegurada y blindada" su presencia "por medio del Consello Forestal de Galicia", órgano en el que está representado todo el sector "sin exclusiones".

Terrenos incendiados

Uno de los puntos más polémicos durante el debate ha sido la posibilidad, señalada por la oposición, de "abrir la puerta" a que terrenos quemados puedan cambiar de uso saltándose la prohibición de que esto ocurra hasta una vez transcurridos 30 años del incendio.

El proyecto de ley, según ha defendido el parlamentario popular, "conserva" dicha prohibición como "la regla general", si bien "introduce la posibilidad de que las comunidades puedan acordar excepciones en cuatro casos muy concretos y precisos", a su entender, "razonables".

Así, ha dicho que estos casos para permitir el cambio de uso tienen que ver con que existan instrumentos de planeamiento aprobados que así lo recojan, que estén pendientes de aprobación pero ya cuenten con la evaluación ambiental favorable, que esté previsto por directrices de política forestal y que se deban a razones "imperiosas" de uso público, lo cual —esto último— exigirá su valoración "por una nueva ley".

Agentes medioambientales

Por último, el popular ha calificado de "infundadas" las inquietudes trasladas por los grupos de PSdeG, AGE y BNG acerca del futuro de los agentes forestales y medioambientales, al negar que haya "ningún proceso de privatización encubierto" y que se minoren sus atribuciones.

"Siguen siendo policía judicial en sentido genérico", ha subrayado, después de indicar que el proyecto de ley "garantiza" su continuidad como tal.