El exalcalde compostelano Conde Roa comunica al juzgado de la Pokémon que se va a vivir a Alemania

El exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa ha notificado al Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, que instruye la Operación Pokémon, en la que está imputado, que en los próximos días se marcha a vivir a Alemana con su familia.
Conde Roa Dimisión
Conde Roa Dimisión
EUROPA PRESS

El exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa ha notificado al Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, que instruye la Operación Pokémon, en la que está imputado, que en los próximos días se marcha a vivir a Alemana con su familia.

En declaraciones a Europa Press, Conde Roa ha recordado que la instructora de la Pokémon, la jueza Pilar de Lara, no dictó "ninguna medida cautelar" contra él que le impida abandonar el país, con lo que ha comunicado al juzgado su decisión de trasladar su residencia habitual a Alemania, de donde es natural su actual esposa.

Puesto que Conde Roa continúa imputado en la Pokémon, ha dejado en el juzgado una dirección de referencia y ha indicado que su procurador y abogado le harán llegar cualquier notificación judicial. Precisamente, en la última prórroga del secreto de sumario de esta investigación, la jueza volvió a extender un mes más las cautelas sobre la declaración del exregidor compostelano.

El traslado del expolítico del PP a Alemania es inminente, aunque ha explicado que visitará habitualmente Santiago de Compostela, ciudad de la que fue alcalde entre julio de 2011 y abril de 2012, cuando dimitió tras ser imputado por fraude fiscal por el impago de 291.000 euros a Hacienda por un IVA que sí cobró de la venta de 61 pisos a través de Geslander, la empresa inmobiliaria de la que era administrador único.

Este político y abogado que al tercer intento como candidato logró acabar con los años de gobiernos de izquierdas en Santiago de Compostela y que no pudo completar ni diez meses como alcalde de la capital gallega fue finalmente condenado a dos años de prisión y a una multa de 582.000 euros por delito de fraude fiscal. Después, la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó la condena, pero rebajó la pena impuesta a 18 meses de prisión.

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