El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha avanzado este jueves que el Gobierno va a aplicar una rebaja fiscal de los módulos de cultivos que, en el caso de la provincia, van a suponer un ahorro de unos 37 millones de euros para los ganaderos y agricultores almerienses que durante el pasado año se vieron afectados por la sequía y el veto ruso, de manera que a nivel estatal, dicha rebaja superará los 800 millones de euros para los productores españoles.

En rueda de prensa junto al presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, y los diputados Juan José Matarí y Carmen Navarro, Hernando ha precisado que, según los cálculos del Ejecutivo, cada agricultor de la provincia conseguirá una reducción media de 1.400 euros, lo que supondrá una caída del 20 por ciento en la cifra que recaude Hacienda en la declaración de 2014.

"Son cuantías importantes, pero la reducción se puede aplicar porque la situación de las cuentas del Estado es bien distinta a la de cuando llegamos", ha defendido el portavoz, quien ha añadido que esta acción "tiene que ver con la filosofía del PP de reducir impuestos" y de manera un sistema de módulos, que "es el más sencillo y simple para planificar inversiones" por parte de los productores.

Según los datos dados por el dirigente popular, los productos hortícolas y cítricos obtendrán una reducción del 0,26 al 0,19 mientras que los no cítiricos y la patata pasarán del 0,37 al 0,19. Por su parte, las plantas y flores conseguirán una reducción del 0,32 al 0,16, según recoge la orden que se publicará próximamente en el BOE.

Hernando ha asegurado que estas reducciones favorecerán a unos 27.000 agricultores que están acogidos a este sistema, el cual les permite "predeterminar sus producciones en base a módulos y saber qué impuestos van a tener que pagar".

El presidente del PP de Almería también ha defendido este sistema, por lo que ha criticado que Ciudadanos (C's) haya manifestado su interés en "suprimir los módulos". "Me quedo asombrado", ha manifestado Amat, quien ha valorado la medida adoptada por el Gobierno antes de cuestionarse cuántas rebajas fiscales fueron aprobadas durante las dos legislaturas anteriores por parte del gobierno socialista.