El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha solicitado este jueves al instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo que cite a los catedráticos de Derecho Tributario y Financiero que elaboraron un contrainforme al presentado por la Intervención General del Estado (IGAE) que obra en poder de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, para que puedan ofrecerle una versión "completa y no sesgada de la realidad de lo sucedido".

Se trata de los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago, cuyo informe considera ajustados a derecho los procedimientos seguidos para la autorización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales.

Este informe obra en poder del instructor desde el 26 de enero de 2015 y no ha sido sometido a ratificación oral ante el instructor en presencia de las partes, según recuerda la defensa de Griñán, que ejerce el abogado José María Mohedano.

Se debatió en sevilla

El letrado defensor señala en su escrito que su cliente ha resultado lesionado por la forma en que se han gestionado las pruebas periciales en la presente causa. Afirman que se ha vulnerado el derecho a la contradicción, ya que se ha permitido que el Informe pericial presentado por la defensa sea debatido en otra diferente -el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- sin la presencia de la representación legal de la parte que lo presentó.

Añade que una vez que ha sido incorporado a la causa el informe de los peritos de la IGAE, ya ratificado y cuyas conclusiones perjudican a su cliente -califica de irregular el sistema de concesión de ayudas socio-laborales sometido a investigación-, debe acordarse la misma diligencia de ratificación y contradicción en relación con el informe de Zornoza y Martínez, que le exculpan.

Estos peritos ya ratificaron la autoría del informe el pasado mes de febrero ante el juez Jorge Barreiro, mientras que las actas de la ratificación celebrada en Sevilla han sido remitidas al alto tribunal, lo que a juicio de las defensas "culmina la infracción" del derecho de defensa y vulnera el principio de juez predeterminado por la Ley.

Reclaman la aplicación del principio de igualdad de armas a este asunto y critican que el instructor haya mantenido reuniones con los peritos del IGAE fuera del procedimiento y sin que las partes hayan podido tener acceso a las mismas.