La Federación de Enseñanza de UGT-Euskadi ha presentado este jueves en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una demanda por "vulneración de derechos fundamentales" contra el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, debido al "recorte unilateral" de liberados sindicales.

Según ha explicado en un comunicado el sindicato, el pasado lunes el Departamento de Educación "ha anulado de manera unilateral, sin ninguna negociación y sin base legal o argumento jurídico alguno que explicite, justifique y dote de legalidad dicha decisión, las liberaciones de 24 agentes sindicales obligándoles a reincorporarse a sus puestos de trabajo docentes".

Además, ha añadido, "obliga a reincorporarse a su puesto de trabajo a otros dos liberados sindicales que tenía reconocidos como firmantes del actual Acuerdo Docente".

UGT ha destacado que "el crédito sindical actual es fruto de una adecuación de los colectivos docentes habidos en 2003, con el fin de facilitar la gestión del Departamento de Educación". De este modo, ha apuntado, "se garantizó la actividad sindical mediante una adecuación de los derechos sindicales a la nueva situación resultante", el denominado "crédito adicional".

El sindicato ha señalado que Educación pretende "reducir drásticamente el crédito horario sindical" con el objetivo de "minimizar los costes de personal" de la Administración, "bajo el paraguas" de la crisis económica.

Esta medida, ha añadido, "se traduce en una significativa reducción del número de legítimos representantes que las centrales sindicales disponen para el correcto y efectivo desarrollo de su actividad sindical".

"En la actualidad, estos 26 liberados que han dejado de serlo, conviven en sus centros de trabajo con los sustitutos que cogieron estas vacantes en el procedimiento de adjudicaciones de agosto de 2014, ya que dichas vacantes lo fueron como de curso completo, esto es, hasta el 31 de julio de 2015", ha explicado el sindicato.

FETE-UGT Euskadi ha pedido la suspensión cautelar de esta decisión hasta que el Tribunal dicte sentencia y ha exigido al Gobierno vasco que "cumpla los acuerdos, convenios y pactos habidos entre Administración y agentes sociales". "Un Gobierno que incumple lo acordado no da confianza y, mucho menos, si lo que intenta es anular la libertad sindical", ha concluido.

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