CCOO ha exigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que rectifique la orden de pagos por capacidad que regulará el incentivo a la inversión para mejorar las instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono, ya que la obligación de compra que recoge es un 50% inferior a lo pactado y supondrá el cierre de algunas empresas y reducción de plantillas.

El sindicato ha presentado al gabinete dirigido por José Manuel Soria una batería de alegaciones a la propuesta de orden ministerial reclamando que elabore una nueva que respete "lo acordado y asegure que las eléctricas adquieren las producciones" que estimó el marco para la minería del carbón.

Entre sus alegaciones, el sindicato considera que el derecho a la subvención por la inversión debe asegurar un consumo por parte de las eléctricas suficiente para las producciones de las empresas mineras estimadas en el marco de actuación 2013-2018 y su retribución debe estar vinculada a los tonelajes realmente contratados entre eléctricas y mineras.

Para el sindicato, también es necesario establecer el periodo de compra de carbón autóctono, con un periodo más amplio, en el horizonte del 2020 o posterior, para que las empresas que puedan continuar planifiquen su futuro a medio y largo plazo, y subraya que los recursos destinados para las inversiones que deben incentivar el proceso de desnitrificación "son muy escasos, muy lejos de las cifras que se barajaban".

Asimismo, exige que la orden de pagos por capacidad refleje "con claridad" la obligación de compra de carbón nacional durante este año, "ya que si no es así de nada servirá la nueva regulación".

Además, aunque no son objeto de las alegaciones que se han presentado en el Ministerio de Industria, CCOO también pide que se rectifique lo publicado en la resolución del pasado 25 de marzo sobre las ayudas a la producción y que asegura que "los tonelajes máximos de carbón objeto de ayudas para 2015 serán los efectivamente facturados a las centrales térmicas, con el límite del volumen facturado por suministros en 2014".

De esta manera, el sindicato advierte de que en estos términos la resolución es "muy negativa económicamente" para el sector, después de que en el año 2014 las ventas no se han podido realizar con normalidad porque se han incumplido las diferentes normativas.

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