El sindicato Comisiones Obreras, a raíz de los últimos datos de la EPA, ha señalado que para que el desempleo se reduzca de forma "contundente" hay que revertir las políticas económicas que apuestan por la devaluación de las condiciones sociolaborales porque "no sólo no solucionará los problemas económicos y sociales, sino que los agravará".

Según la EPA, Canarias tiene 343.500 personas desempleadas y una tasa de paro del 30,81%. CCOO considera que estas cifras hacen necesario un cambio "radical" en la orientación de las políticas económicas con el fin de incentivar la inversión y el empleo porque "sin empleo de calidad, no hay recuperación alguna", advierte.

El paro se ha incrementado en Canarias (+1.400 personas) respecto al trimestre anterior, aunque desciende en 12.400 respecto al año precedente, en un contexto de incorporación de población activa. El número de ocupados se incrementa en 12.800 personas respecto al mes anterior y en 33.900 si se tiene en consideración la variación interanual. No obstante, Canarias vuelve a estar entre las comunidades con mayor tasa de paro (30,81% frente al 23,78% nacional).

Para CCOO, hay que revisar los proyectos de ley de presupuestos con el fin de incrementar los recursos públicos para la inversión, junto a políticas que sostengan el poder adquisitivo de las familias con el objeto de fomentar el consumo, así como una tributación con mayores dosis de progresividad fiscal con la finalidad de evitar un mayor deterioro que la cohesión económica y social.

En este sentido, el sindicato opina que la política presupuestaria junto a la desburocratización a la hora generar actividad económica de las administraciones públicas debe erigirse como el principal instrumento a llevar a cabo. De igual modo, propone potenciar los coeficientes de arrastres intersectoriales, de forma que sea el que muestra más dinamización desde la perspectiva del empleo e inversión el que potencie la cartera de pedidos del resto, que actualmente "no posee vitalidad alguna".

Comisiones Obreras sostiene que las actuales y futuras medidas propiciarán un agravamiento en la solvencia de la demanda, lo que provocará un retroceso de los derechos sociales. Este hecho, junto a los obstáculos financieros con los que se encuentran las empresas, ocasionará una importante caída en la rentabilidad de las inversiones, advierte.

Por ello, reclama al Gobierno la apertura de un proceso de negociación para centrar las políticas públicas en el crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos esenciales y la cohesión social, reivindicando una renta mínima garantizada que atienda a las necesidades de la ciudadanía y la creación de empleo estable y con derechos.