El delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha indicado este martes ante la jueza que su intervención en los tres expedientes para autorizar el cambio de uso de suelo forestal a agrícola en varias parcelas de Tabernas (Almería) se "limitó" a "dar el ok" a las propuestas de resolución favorables "hechas por los técnicos".

"He aclarado cómo funciona y lo que hago como delegado, que realmente el delegado no entra ni en el fondo ni en nada de la propuesta de resolución, que no la cambio ni la puedo cambiar y que me limito a firmar lo que dicen los técnicos de la casa, que son los que saben, porque son muchísimas resoluciones y muchísimos expedientes", ha indicado a la salida del edificio de la Ciudad de la Justicia de la capital.

Ortiz Bono estaba citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la investigación que se sigue ante el Juzgado de Instrucción 1 después de que la Fiscalía apreciase en la tramitación del cambio de uso de suelo de una superficie total de 289,5 hectáreas a instancias de la mercantil Gespater S.L.U. entre enero y junio de 2013 "irregularidades y omisiones" que hacían precisa la incoación de diligencias previas para determinar si los hechos pudieran constituir un supuesto delito de prevaricación.

El delegado ha insistido en varias ocasiones que es "consciente de no haber cometido ningún tipo de irregularidad" y ha trasladado que espera que "muy pronto se levante" la imputación que pesa sobre él y "se aclare todo lo que se tenga que aclarar porque, desde el principio, ha habido colaboración desde la Delegación Territorial con la justicia y la Fiscalía".

Ortiz Bono también ha hecho alusión a que el departamento del que es titular en Almería mantiene abierta "desde el pasado verano" la revisión de las autorizaciones bajo sospecha, que han derivado en expedientes sancionadores contra la empresa, y ha remarcado que se "pidió también información a la Inspección de Servicios para que actuase".

"Cuando conocimos estas circunstancias, recabamos a través de la Secretaría General de la Delegación la situación de los expedientes y mandamos agentes a ver qué estaba pasando. Es verdad que vimos que el cambio de uso a secano autorizado se estaba convirtiendo en regadío y por eso, desde la casa, denunciamos y abrimos expedientes sancionadores", ha explicado.

Por último, ha insistido en que no intervino en las propuestas de resolución por las que están imputados también dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural, "como nunca intervengo porque son los técnicos los que le tienen que dar salida y conocen la problemática". "Yo firmo, favorable o desfavorable", ha concluido.

Sin autorización unificada ambiental

La Fiscalía considera que la autorización de cambio de uso de suelo hubiese precisado de autorización unificada ambiental de acuerdo a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ya que, según se desprende de la memoria técnica y de la documentación que acompaña a la solicitud de la empresa, "la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano", según matiza.

Rechaza, así, lo sostenido por los técnicos de la Delegación en un informe que le requirió el propio Ministerio Público en el marco de su investigación y en el que decían que la autorización unificada ambiental sólo es precisa cuando lo que se va a autorizar supone "la eliminación de cubierta vegetal arbustiva", una premisa que en este caso no se daría "al no incluir en ese concepto las especies de matorral".

En concreto, la Fiscalía remarca que la consideración de los técnicos de Medio Ambiente sobre la "vegetación natural existente" antes de la transformación de suelo es "estimativa" ya que no se realizó visita a la "mayor parte de los terrenos" afectados y "no se efectuó ningún informe sobre el tipo de vegetación existente en las parcelas" sobre las que se pronunciaron "dos de los tres expedientes".

Alude, en este punto, a que el tercero de los expedientes y último incoado, sí incluyó inspección a las parcelas y sí detectó "la presencia de una especie protegida bajo la categoría de vulnerable que exigió —subraya— que la resolución que autorizaba el cambio de uso estableciese condiciones para su salvaguarda".

"No es posible conocer en ese momento si la referida especie estaba también presente en las parcelas a las que afectaba los otros dos expedientes porque en aquellos no se emitió ningún informe sobre ello. Ni siquiera en la memoria técnica que aporta el solicitante se hace referencia alguna a las especies existentes en la parcela en cuestión", manifiesta.

Resoluciones favorables sin informes técnicos

Con respecto a los dos expedientes cuestionados, la Fiscalía apunta la necesidad de indagar en el hecho de que dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación, cuyas declaraciones en calidad de imputados solicita, "efectuasen propuestas de resolución autorizando el cambio de uso sin los informes sobre repercusión en los hábitats naturales de interés y sobre la posible presencia de especies amenazadas de flora y fauna" en los suelos afectados.

En uno de los casos, reprocha que el jefe de servicio lo hiciese así cuando "él mismo había solicitado" los preceptivos informes y, en el otro caso, le reprocha a la jefa de servicio que, además, obviase presuntamente que tampoco tenía informe sobre la afección a vías pecuarias de lo solicitado.

Estas propuestas de resolución autorizando el cambio de uso fueron aprobadas por el delegado territorial en fechas 20 de mayo de 2013 y 15 de junio de 2013.

Otra de las supuestas irregularidades en las que se habrían incurrido pasa, según recoge la denuncia, por que, de acuerdo, a la normativa vigente, la competencia para dictar la resolución autorizando este cambio de uso para una plantación de olivos "no hubiese correspondido al delegado territorial sino a la Dirección General del Medio Natural".

La denuncia solicitaba al juzgado, al margen de las tres imputaciones, que se oficie al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que practique una inspección ocular de la explotación e informe "de la superficie que se ha transformado a cultivo, de qué tipo, y si este se ha ajustado a las autorizaciones concedidas".

Entre la documental, interesa que "técnicos especialistas en medio ambiente ajenos a la Delegación" emitan un informe "sobre las especies existentes en las parcelas antes de la transformación" y sobre "las repercusiones medioambientales del cambio de uso efectuado" al tiempo que solicita cuatro testificales; dos técnicos de la Junta, el representante de la mercantil y un ingeniero técnico forestal.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de un escrito del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) en el que se indicaba que las tres resoluciones por las que la Junta autorizó el cambio de uso de suelo podrían incurrir en ilícito penal "al haberse fragmentado la autorización en tres expedientes sobre extensiones ligeramente inferiores a las 100 hectáreas para evitar la emisión del preceptivo informe de impacto ambiental".