El magistrado-presidente del Tribunal del Jurado, Manuel Ayo, ha explicado este martes, en un auto, que decidió el pasado viernes prorrogar la prisión provisional por dos años más a Juan Carlos Aguilar, 'el falso monje shaolín', porque persiste "el riesgo de fuga".

En la resolución judicial, Ayo recuerda que el 17 de abril, tras la primera sesión del juicio que comenzó contra Aguilar en el Palacio de Justicia de Bilbao por asesinar a dos mujeres, Yenny Rebollo y Ada Otuya, se celebró audiencia para resolver sobre si se prolongaba la prisión preventiva decretada por dos años en junio de 2013 para el acusado.

Reunidas las partes, la Fiscalía, las acusaciones particulares y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, solicitaron la pórroga de la prisión provisional para el acusado sin que la defensa de 'falso monje shaolín' expresara "oposición alguna".

Juan Carlos Aguilar fue detenido el 2 de junio de 2013 después de que, alertada por una vecina, que escuchó los gritos de una mujer pidiendo auxilio, la Ertzaintza derribara la puerta del gimnasio que éste regentaba, ubicado en la calle Máximo Agirre de Bilbao.

En el interior del local, en un habitáculo, encontró a Maureen Ada Otuya, nigeriana de 29 años, que se encontraba inconsciente, con signos de haber sido golpeada violentamente. Al lado, se encontraba el 'falso monje shaolín' con las manos ensangrentadas. Además, se localizaron los restos del cadáver descuartizado de Yenny Rebollo.

El mismo 2 de junio se decretó su ingreso en prisión y tres días después falleció Otuya, que había ingresado en el Hospital en estado de coma. Aguilar se encontraba encarcelado en la cárcel de Dueñas, en Palencia, y ha sido trasladado a la de Zaballa, en Álava, durante el periodo en el que se celebre la vista oral, que se prevé que pueda finalizar esta misma semana.

"riesgo de fuga"

Ante el hecho de que concluyan en breve los dos años de prisión provisional, Ayo ha resuelto que se prorrogue la situación del procesado porque persiste "el riesgo de fuga" que hizo, en un principio, que se adoptara esta medida a principios de junio de 2013.

No obstante, lo previsible es que, para entonces, el jurado que enjuicia el caso haya dictaminado la culpabilidad o no del procesado y el presidente de la Audiencia de Bizkaia haya dictado condena. Las acusaciones piden entre 40 y 45 años de cárcel para el acusado.