El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha negado que el sindicato haya cometido irregularidades o tenga relación con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ha apuntado que el Gobierno le "obligó" a aparecer en la asociación de trabajadores de la Faja Pirítica, a "dar legalidad" a la asociación y a "ceder los poderes para que los trabajadores sean los apoderados", tras lo que lamenta la "chapuza administrativa" cometida por la Junta en la gestión de los ERE.

Carbonero, que ha descartado que vaya a dejar la Secretaría General del sindicato antes de que la organización lo establezca, ha apuntado que "la Guardia Civil puede decir lo que quiera, pero los sindicatos no vamos a dejar de defender a los trabajadores y a que salgan en las mejores condiciones, es nuestra razón de ser, por lo que si alguien no quiere que defendamos a los trabajadores, que nos ilegalicen".

El dirigente sindical ha asegurado que como secretario general "siempre dará la cara", aunque ha mostrado "absoluta tranquilidad", puesto que "nunca nuestro CIF del sindicato ha ingresado ni un euro de los ERE y en ningún caso el juez nos ha identificado a CCOO con que hayamos participado".

Ha precisado que "ha sido algo que han gestionado nuestras federaciones con la Junta, pero en ningún caso tengo absolutamente ninguna relación con estas cuestiones porque no he estado nunca; y no ha hablado nunca de prejubilaciones con el Gobierno andaluz; habré hablado y habré exigido a la Junta que resuelva problemas o que genere empleo, pero nunca me he sentado con ninguna aseguradora".

Ha negado que haya falseado las llamadas 'edades químicas' de los trabajadores de la Faja Pirítica, toda vez que "no tenemos ni cómo ni dónde; lo habrán hecho las administraciones", tras lo que lamenta la "gran chapuza administrativa que ha hecho la Junta en los ERE".

Tras considerar "una barbaridad" las cifras de presuntos intrusos en el caso de la Faja Pirítica, Carbonero ha recordado que "las administraciones son las que aceptan las condiciones de las prejubilaciones y las que las conceden, en unos casos el Gobierno y en otros la Junta, no el sindicato".

No obstante, ha reconocido que al sindicato "se le obligó con cartas firmadas por el delegado del Gobierno, donde nos urgía a que le diéramos legalidad a una asociación de trabajadores para que éstos puedan ser los tomadores del seguro, algo acordado entre el Gobierno andaluz y el estatal, que vieron que era muy difícil gobernar situaciones donde no había empresas y alguien tenía que ser el tomador del seguro".

Por ello, según ha explicado, CCOO "dio legalidad y cedió los poderes para que representara a los trabajadores y la Administración decía como se gobernaba todo".

"No he conocido ni a quién estaba en la Faja Pirítica, ni nunca he estado en ninguna reunión donde se hable de la Faja Pirítica, no era ni secretario general", ha añadido Carbonero, quien apunta que "ni siquiera conozco el despacho ni la cara que tienen los abogados que la Junta había designado para que gestionara eso; solo el sindicato tuvo que dar una firma para dar legalidad a esa asociación".

"Mi nombre aparece en la constitución de una asociación en la que yo no he estado nunca, diga lo que diga la Guardia Civil, será lo que ésta opina", ha añadido.

Carbonero ha recordado que la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A está dentro del CIF de la federación estatal, de forma que "han sido nuestras federaciones de ámbito estatal las que han acordado los ERE en toda España y con los mismos criterios, aunque otra cosa es la chapuza administrativa en la que ahora se ve envuelto todo el mundo".

Asimismo, ha apuntado que los compañeros de esa federación sindical "exigieron una auditoría y presentaron una querella contra el despacho jurídico Villasís, gestores de todo de este caso concreto, y sobre ella no ha actuado nadie".