Roca declarará el viernes como imputado por cuatro causas por delitos urbanísticos

  • La juez le imputa un delito por inducción contra la ordenación del territorio.
  • También se le acusa de estafa en grado de tentativa.
  • Julián Muñoz e Isabel García Marcos, otros de los imputados.
Juan Antonio Roca (derecha). Foto: Archivo.
Juan Antonio Roca (derecha). Foto: Archivo.
Juan Antonio Roca (derecha). Foto: Archivo.

El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca declarará el viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad por cuatro causas en las que se le imputa un delito contra la ordenación del territorio, según confirmaron fuentes de su defensa.

Roca fue citado el 11 de mayo para prestar declaración en relación a siete diligencias previas entre los que se encontraban los citados cuatro procedimientos, pero ante la falta de tiempo, la juez Carmen Rodríguez-Medel aplazó su comparecencia por estos hasta el 8 de junio e interrogó al imputado por los tres restantes.

Según explicó entonces su abogado, José Aníbal Álvarez, el ex asesor de Urbanismo negó haber inducido a los ediles que integraban las comisiones de gobierno para la aprobación de tres licencias sobre las que se investiga un presunto delito urbanístico.

El letrado precisó que en esos tres casos la juez imputa a Roca un delito por inducción contra la ordenación del territorio y resaltó que las licencias contaban con los informes favorables del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Jorge González, así como del secretario y del interventor del Consistorio.

Siete causas

Entre las siete causas se encuentran las diligencias incoadas en virtud a la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2004 contra el equipo de Gobierno por la concesión de una licencia de obras en 2002 para la construcción de 124 viviendas en suelo no urbanizable.

Otro de los procedimientos se corresponde con la querella por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio y estafa en grado de tentativa presentada por Orfila Cinco S.A. contra el Ayuntamiento de Marbella y las empresas Jardín del Mediterráneo S.A. y Cofisur 98 S.L..

La querella fue interpuesta en agosto de 2002 por la concesión de licencias para construir en la finca Huerta de las Merinas, en la ribera del río Guadalpín, en un suelo calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986 como zona verde pública.

Entre los imputados en algunas de estas causas se encuentran también el ex alcalde Julián Muñoz -en al menos cuatro de los procedimientos- y los que fueran tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Pedro Román, así como más de una veintena de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella de distintas corporaciones municipales.

En al menos una de las diligencias previas, incoadas a partir de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, está imputado además el ex edil del PA Carlos Fernández, sobre quien pesa una orden de busca y detención desde julio de 2006 por su presunta implicación en el "Caso Malaya".

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