La asociación Ecologistas en Acción ha oficializado ante el juzgado su petición de personación como parte interesada en la causa judicial abierta por la sociedad Emerita Resources, que ha concurrido al concurso internacional minero de Aznalcóllar (Sevilla) y que ha presentado una denuncia contra la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude al adjudicar las actividades extractivas de explotación al grupo Mexico-Minorbis.

Según ha explicado a Europa Press el coordinador de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, el objeto primordial de esta decisión, a expensas de una respuesta del juzgado, es lograr que se facilite a la asociación la documentación del caso, de cara a acometer a un estudio exhaustivo y comprobar si procede llevar a cabo otro tipo de medida.

Ecologistas recurre a esta fórmula ante la posibilidad que se le abre a la asociación como figura jurídica, y en la convicción de que en cualquier trámite realizado con la administración se emplearía una gran cantidad de tiempo.

En este sentido, el coordinador de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción ha precisado que la personación, por el momento, se limitaría al plano de la resolución administrativa, mientras que la asociación esperará a tener mayor información para, por otro lado, ejercer si procediera acciones por supuestos delitos ambientales.

Ramos ya lamentó el "opaco" procedimiento de adjudicación del proyecto para la explotación de la mina, dentro de una tramitación en la que, lamentan, se han obviado las mejores puntuaciones de la aspirante Emerita en aspectos como el proyecto de investigación o, sobre todo, la recuperación social de la zona.

Asimismo, el colectivo manifestó formalmente al grupo adjudicatario su "preocupación" por el hecho de que una de las empresas del consorcio carezca de la experiencia minera precisa, mientras que la otra cuenta con antecedentes de actuaciones polémicas.

La denuncia de emerita

La denuncia presentada por Emerita, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que la conclusión de la segunda fase ha sido, al entender de esta sociedad, "absolutamente irregular y contraria a derecho". Así, pide que se requiera de la administración el expediente completo del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, "para conocer los informes y criterios de valoración, así como para poder comparar las ofertas presentadas y ver si se ajustan a dichos informes y valoraciones".

También reclama que se tome declaración a los representantes legales de las empresas participantes en dichos concursos, a los miembros de la mesa de contratación que ha adjudicado la mina de Aznalcóllar y a los técnicos de la Junta que han emitido los informes previos y las valoraciones para la adjudicación; y que se solicite del Ministerio correspondiente el expediente de las ayudas concedidas para comprobar si efectivamente se han llegado a devolver los préstamos y bajo qué condiciones se concedieron.