Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han instado este jueves a Coca-Cola Iberian Partners a reabrir la fábrica de Fuenlabrada (Madrid) después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía hace más de un año y que afectó a 821 trabajadores.

En declaraciones a los medios en el marco de la Conferencia Sindical Europea, Toxo ha admitido que el Supremo ha ordenado restaurar la legalidad "desde el punto de vista jurídico", si bien, consciente de que la sentencia "no obliga a cambiar el diseño industrial", cree que es "inevitable" la apertura de la fabrica de Fuenlabrada para restituir en sus puestos de trabajo a trabajadores "injustamente despedidos".

"La fábrica se puede reabrir perfectamente, el mercado sigue estando donde estaba; se impone una revisión de la estrategia industrial de la compañía en España", ha dicho el líder de CC.OO., para añadir que se trata de una fábrica en el centro del país, "de las más modernas", con inversiones "importantes" de más de 18 millones de euros "culminadas unos meses antes de iniciar el desmantelamiento".

En el mismo tono, Toxo ha proseguido señalando que "las disputas societarias no pueden terminar perjudicando tan gravemente a una comarca" y que "la fábrica es reabrible y se debe abrir".

Al margen del futuro de la planta de Fuenlabrada, Toxo cree que la sentencia del Supremo es una "llamada de atención" y una forma de decir que "no vale todo cuando se produce un conflicto laboral". "No vale el esquirolaje y no valen actuaciones como las que ha tenido la empresa de vulneración flagrante del derecho de huelga", ha sentenciado.

Al respecto, Méndez cree "la empresa debe cumplir estrictamente la sentencia, devolver los derechos arrebaados a trabajadores". "Lo primero es el puesto de trabajo en el centro de trabajo que era rentable", ha añadido.

En su opinión, esta política de "tierra quemada, de sacar por encima y contrato todos una decisión que desde el punto de vista económico y social no tiene ninguna racionalidad, es muy negativa". "Una multinacional como Coca-cola no debería permitírselo", ha remachado.