El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y diputado socialista Gaspar Zarrías ha llegado a las diez menos veinte de este jueves al Tribunal Supremo para declarar voluntariamente como imputado ante el instructor del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que decidirá si es oportuno pedir el suplicatorio para actuar contra él.

Gaspar Zarrías ha llegado en taxi a la sede del alto tribunal acompañado por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda. Es el cuarto de los cinco aforados imputados en comparecer ante el magistrado instructor, que ya ha tomado declaración al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, mientras que la ronda de declaraciones la cerrará el próximo martes la exconsejera Mar Moreno.

El exconsejero ha declarado que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la comisión de viceconsejeros que él presidía tuvieron siempre el visto bueno del interventor. En concreto, el diputado socialista ha respondido a las preguntas del magistrado Alberto Jorge Barreiro que las propuestas de modificación presupuestaria que pasaban por los "consejillos" siempre llevaban el informe favorable del interventor general.

Zarrías, que presidía la comisión general de viceconsejeros, ha negado, durante una comparecencia que ha comenzado a las 10.30 horas y ha terminado poco antes de las 14.00, que desde la citada comisión, conocida como "consejillo", se pudieran tomar decisiones ejecutivas sobre los ERE supuestamente fraudulentos, según fuentes jurídicas.

Para poder interrogar a Zarrías, el instructor ya tiene sobre la mesa el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno.

En este atestado, los agentes concluyen que Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros —los denominados 'consejillos'— en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles'.

En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes dicen que "caso distinto" es el de Mar Moreno, ya que durante el tiempo en que ocupó el cargo "no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores".

"De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia solo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros, la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan", apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor de los ERE en el Supremo.

Para llegar a estas conclusiones, los agentes analizan un total de 26 actas de otros tantos 'consejillos' celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al 'consejillo'.

Los agentes concluyen que, del estudio de las sesiones de los 'consejillos' descritos, "se infiere que este órgano colegiado tiene facultades decisorias en cuanto a vetar asuntos que pudieran recalar en el Consejo de Gobierno", pues la Comisión "evaluaba independientemente los asuntos remitidos al Consejo de Gobierno y tenía la potestad para 'retirar acuerdos, incluirlos en el orden del día de otra sesión, elevarlos a Consejo de Gobierno...'".

A tenor del estudio de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, "habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L", a lo que se suma que "habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió".

En relación a la "arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, los agentes de la UCO dicen que "llama poderosamente la atención la definición dada por Zarrías a los criterios por los que se concedían las ayudas: 'criterios de singularidad'", los cuales "habrían provocado el uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L", citando como ejemplo "la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concedieron ayudas con total arbitrariedad por importe total de 56,4 millones, las cuales habrían supuesto el 66 por ciento del total de las subvenciones a empresa otorgadas en la comunidad por parte de la Consejería de Empleo".

A juicio de la UCO, "todo este presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas, y de un sistema arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de una concertación social planteada en un programa político".

En al estado, los agentes analizan otros indicios vinculados a Zarrías, como por ejemplo su relación con el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, la cual tachan de "difícil definición", ya que "únicamente podría basarse en lo apuntado en sus manifestaciones por los distintos investigados, quienes no aportarían elementos de prueba suficientes para poder definir la misma, apuntando solo a meras conjeturas carentes o escasas de validez".

Además, sostiene que Zarrías "podría haber participado en la sucesión de las diferentes ayudas públicas concedidas por la Junta a sociedades radicadas en la provincia de Jaén", entre ellas Primayor, Grupo Dhul, Cerámica Syre SA/Gres de Vilches y EDM/Séneca.