Afectados por las Preferentes y Subordinadas de Vigo-Val Miñor y de A Coruña defenderán este jueves en Bruselas la denuncia que presentaron por supuestos "abusos" en la venta de estos productos "tóxicos", con el objetivo de que Europa intervenga para ordenar al Gobierno español la devolución del dinero a los afectados de España y depurar responsabilidades civiles y penales.

Así lo ha trasladado a Europa Press el portavoz de la plataforma de Vigo-Val Miñor, José Manuel Estévez, quien en representación de ambos colectivos comparecerá ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que examinará la documentación relacionada con la denuncia que presentaron los afectados en octubre de 2012 por la venta de productos bancarios "tóxicos" a "minoristas".

Con ello, pretenden que Europa ordene a España "subsanar el error" y devolver "el dinero a los afectados" de todo el país —cifran que en Galicia todavía "cerca de 20.000 no recuperaron el total de sus ahorros"—; además piden que busque a los "culpables" y les lleve "ante la Justicia europea" para que "asuman responsabilidades civiles y penales".

"Voy a llevar documentación donde se demuestra que todo lo que se ha hecho en todo este tiempo, desde bancos, partidos políticos, sindicatos, consejos de administración, Xunta, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Gobierno, Banco de España y Europa están implicados. Todo esto es responsabilidad de todos estos órganos", ha remarcado Estévez, que ha concluido que "esto es delincuencia organizada por el Gobierno de España".

Asimismo, ha indicado que el objetivo es también que Europa asuma "sus responsabilidades" y que se "equivocaron", porque tenía que "velar y cotejar" los datos "que España estuvo entregando cuando pidió el rescate". "No eran correctos", ha asegurado sobre esas informaciones, puesto que, ha matizado, a los afectados por estos productos les "tildan de inversores" cuando son ahorradores.

Otras cuestiones

Estévez también criticará que "a sabiendas de la situación real" se obliga a los preferentistas "a asumir un canje y recuperación de liquidez —quita—" y se les intenta "asustar para que no denuncien". "Los que han tenido quita tienen que denunciar, porque es ilegal; y al margen, el modo en que se les comercializó también es ilegal", ha incidido el portavoz, que ha animado a afectados a denunciar porque "van a recuperar el dinero, incluidos las costas".

En esta misma línea, ha adelantado que la plataforma está considerando acudir también a la Justicia europea para "denunciar a España" porque "mintió a Europa con documentos y Europa se ha dejado mentir", pues "no ha velado por contrastar, también ha incumplido y eso hay que llevarlo a justicia europea y a quien proceda".

Igualmente, como representación de la Asociación de afectados por preferentes y subordinadas de Vigo-Val Miñor-O Morrazo, el portavoz ha señalado que llevará a la cita de este jueves en Europa la demanda que presentaron contra la cúpula de la antigua Caixanova, que está pendiente de si la Audiencia Provincial de Pontevedra decide admitirla a trámite o "si la niega definitivamente".