El diputado socialista Francisco Fernández Mañanes ha instado este martes al Gobierno de Cantabria a "reaccionar" ante el "drama" de los desahucios, y lo ha hecho a través de una proposición no de ley en la que pide la puesta en marcha de oficinas de información e intermediación y de un programa de alquiler social para las familias que se han quedado sin vivienda por la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, medidas que ya son realidad en otros lugares.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial aportados por el parlamentario en rueda de prensa, sólo en el primer semestre de este año se han consumado en Cantabria 416 ejecuciones hipotecarias, con sus correspondientes desahucios en los casos de viviendas, una cifra que a final de año podría llegar a 800, y a la que habría que sumar otros procesos que también derivan en la pérdida de la vivienda habitual.

Fernández Mañanes señaló que el PP prometió en su programa electoral la creación de un fondo de rescate de viviendas hipotecadas y el establecimiento de un parque público de viviendas en alquiler destinado fundamentalmente a jóvenes y familias con grandes dificultades económicas, "promesas que no se han cumplido".

No obstante, puntualizó que su intención no es "recrearse en reproches o críticas" sino poner sobre la mesa propuestas de actuación "en positivo" basadas en "posibilidades reales" de la Comunidad Autónoma para "mitigar" las "devastadoras" consecuencias de los desahucios, que son -dijo- "uno de los rostros más amargos de una crisis que parece por momentos agravarse".

El diputado socialista destacó que otras regiones como Andalucía y Castilla y León, o incluso en Cantabria el Ayuntamiento de Torrelavega, han puesto en marcha oficinas de asesoramiento atendidas por profesionales especializados que apoyan a las personas que no pueden pagar sus hipotecas, actúan de mediadores con la entidad bancaria, y que están cosechando resultados positivos.

En cuanto al programa de alquiler social, explicó que esta experiencia se está ya desarrollando en Cataluña, la Comunidad Valenciana o el propio Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto a disposición de las familias desahuciadas 200 viviendas a un precio máximo de 200 euros.

Fernández Mañanes explicó que a la hora de poner en marcha este programa de alquiler social, el Gobierno de Cantabria podría recabar la ayuda de Ayuntamientos que deseen colaborar aportando viviendas de protección oficial (VPO) vacías; también puede reclamar al Gobierno de España que ceda temporalmente viviendas de las que vayan a engrosar el llamado 'banco malo' (sociedad de gestión de activos); o bien negociar con entidades bancarias y promotores que tienen viviendas en stock.

El programa de alquiler social "debe y puede ofrecer", dijo Mañanes, "viviendas dignas a precios sensiblemente inferiores" a los fijados por el Ayuntamiento de Madrid. El parlamentario se mostró "convencido" de que el Gobierno de Cantabria "asumirá estos compromisos y tendrá sensibilidad social hacia una realidad dramática" que a los socialistas "nos conmueve" y a la que los poderes públicos "no pueden permanecer ajenos".

Por último, recordó que el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley para reformar la legislación que interviene en el proceso de desahucio con el fin de "reforzar la posición de las familias frente a las entidades financieras", favoreciendo la búsqueda de alternativas a través de acuerdos que permitan reestructurar o refinanciar la deuda.

Asimismo, la propuesta socialista pretende ampliar los supuestos de la dación en pago y hacerla obligatoria para las entidades bancarias que han recibido dinero público. El PSOE espera que su propuesta prospere en el Congreso pero en cualquier caso, defiende que en Cantabria el Gobierno regional debe "actuar ya" porque "tiene competencias y recursos para hacerlo".