Unas 1.500 familias que residen en otras tantas viviendas de alquiler social de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) están siendo presionadas por el Ayuntamiento de Madrid para cambiar las condiciones de su contrato: el contrato actual incluye la prórroga automática cada dos años de su estancia en la vivienda, pero el nuevo documento que les están dando a firmar excluye esa cláusula de blindaje, lo que abre la puerta a que el Ayuntamiento les desaloje o les aumente las cuotas del alquiler cuando estime oportuno.

Vecinos de edificios de los distritos Centro, Moratalaz, Villa de Vallecas, San Blas, Tetuán y Retiro están recibiendo cartas de la EMVS conminándoles a presentarse en el plazo de 15 días para firmar un nuevo contrato en el que no figura la protección recogida en el Decreto 100/1986 de la Comunidad de Madrid, que les brinda la renovación automática bianual siempre y cuando no cambien sus condiciones económicas (no tener una propiedad en la Comunidad de Madrid, no ganar ingresar por vivienda más de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional -eso en 2015 equivale a 1.621,5 euros-). El área de Urbanismo reconoce que ha enviado ya 1.500 cartas a estos inquilinos, como parte de un "proceso de renovación de contratos". Además, "más de mil ya han firmado su renovación, estando el resto en gestión". El resto (unos 500) se rebelan contra este cambio de contrato y se niegan a firmarlo.

“Por medio de la presente se le comunica la voluntad de la EMVS de no prorrogar  el contrato de arrendamiento (…) cuando éste concluya", dice una de las cartas enviadas por la EMVS a un vecino, y advirtiéndole de que si no lo hace, el Ayuntamiento emprenderá acciones legales por ocupación sin título. Esta "voluntad" de la EMVS choca frontalmente con la legislación vigente, que establece la prórroga automática

Si cambian sus contratos, los inquilinos podrán ser más fácilmente expulsados de sus viviendas, y el Ayuntamiento vender los edificios, como ya ha hecho con 1.860 viviendas públicas de 18 promociones al grupo inmobiliario Magic Real State Blackstone por 128,5 millones de euros en julio de 2013.

“Esto es una amenaza en toda regla”, dice Carmen, vecina de uno de los edificios de propiedad municipal (Ribera de Curtidores, 8) a cuyos vecinos llegan este tipo de cartas.

Varios afectados dijeron incluso que cuando fueron a la EMVS a consultar, les dieron el nuevo contrato instándoles a firmarlo pero no les permitieron llevarse una copia para estudiarlo, ni hacerle una fotografía, ni volver con un abogado que le asesore. La mayoría de los ocupantes de estos edificios  son personas mayores.

"Yo me he negado a firmar porque tengo 75 años, mi marido tiene 80, y no entendemos el contrato, entonces se lo queríamos llevar a nuestra hija y a un abogado, pero no nos dejaron llevar una copia", dijo Pilar, vecina de un edificio de calle Embajadores.

El Ayuntamiento ha negado categóricamente estas acusaciones: "No es cierto que no se facilite el contrato a los adjudicatarios de las viviendas".

Vecinos opinan dicen que la intención del Ayuntamiento es deshacerse de los contratos "blindados" para después poder deshacerse más fácilmente de los inquilinos.

"Nuestros contratos están blindados y no nos pueden echar legalmente, por eso nos hacen esta guerra psicológica: envían a sus mensajeros diciendo a ancianos que se van a quedar en la calle, dicen a niños que no van a comer el turrón en Navidad", cuenta Montse, otra de las afectadas.

En este sentido, cuentan los vecinos el caso de un inquilinos del edificio de la calle Madera que tiene una minusvalía psíquica del 65%, que fue demandado para el desalojo y se salvó de quedar en la calle porque ganó el juicio.

En cambio, en el edificio del 26 de Embajadores casi todos los inquilinos firmaron los nuevos contratos. Se trata mayoritariamente de gente mayor que, tras recibir la carta, fue a la EMVS y rubricó el nuevo compromiso sin mayores miramientos.

Milagros es una de las dos inquilinas de todo el edificio que se negó a firmar: "Como no consultaron con nadie, fueron y firmaron, se fiaron", explica Milagros, quien cobra una pensión de 600 euros y fue desalojada de su alquiler en la calle Tribulete antes de ser enviada primero al 46 y luego al 26 de Embajadores.

Montse advierte a los inquilinos que no se les ocurra firmar el nuevo contrato: "Si yo firmo, ¿después a quién le reclamo? Yo no quiero que mis herederos se queden con este piso, lo que quiero es que no se venda el patrimonio del pueblo de Madrid".

El proceso de renovación de contratos, según el Ayuntamiento, afecta a unas 1.500 familias, de las cuales más de mil ya han firmado su renovación.

El Consistorio enmarca estas actuaciones en un proceso de renovación de todos los contratos de arrendamiento, dicen, para adecuar las rentas a la capacidad económica de los adjudicatarios y adecuar los contratos a la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En el caso de los contratos de los inquilinos de protección social, a menudo no es posible adecuarlos a la actual LAU porque ésta no es aplicable cuando los contratos se rijan por el decreto 31/1978 o por legislación autonómica (como es el caso del Decreto 100/1986).

Con la intención de que dejen sus viviendas, el Ayuntamiento ha comenzado a demandar judicialmente a inquilinos, aunque no ha respondido a este medio cuántas demandas judiciales han iniciado.

Para defenderse de lo que consideran un atropello, vecinos han constituido la asociación Yo No Me Voy. Hasta el momento, vecinos de esta plataforma han ganado una veintena de juicios frente a ningún triunfo judicial del Ayuntamiento. Alguno de ellos incluso recurriendo una primera sentencia judicial desfavorable.

En una sentencia, los jueces manifiestan sus dudas acerca de la intención de la EMVS de aumentar la renta de manera más allá de la inflación o de "burlar" la Ley en lo referente a su obligación de ofrecer a los inquilinos la compra de las viviendas transcurridos quince años de vigencia de los contratos de arrendamiento, según establece el decreto regulador en su artículo 6.

"[La EMVS] si bien comunica su intención de dar por terminado el contrato que les une, no duda en poner a disposición de la destinataria de la misiva la posibilidad de formalizar un nuevo contrato sobre la misma vivienda; se desconoce con qué finalidad, si es con la de aumentar la renta de forma distinta a la prevista (...) o para burlar los derechos que le puedan corresponder a la adjudicataria en virtud de de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto", reza una sentencia de junio de 2014.

Además, los jueces en esa sentencia dejan en claro que la propuesta de revisión de contrato de la empresa municipal "no casa con la finalidad que, en cuanto órgano técnico de la gestión directa del Ayuntamiento de Madrid, en materia de vivienda, tiene la EMVS".

Respecto a la obligación del ofrecimiento de compra, la asociación denuncia que la EMVS ha ofrecido a vecinos la posibilidad de comprar la vivienda a precio de mercado, sin financiación y con 15 días de plazo.

"Cumplidos los quince años, nos dicen: 'Este piso cuesta 100.000 euros; en 15 días me los tienes que traer, y el piso es tuyo. Pero, ¿cómo vamos a conseguir ese dinero en ese plazo? Si tuviéramos ese dinero no estaríamos viviendo en un piso de protección social", explica Alberto, portavoz de Yo no me voy e inquilino afectado.

Pese a los reveses judiciales, el Ayuntamiento no cesa de utilizar sus recursos judiciales para tratar de desalojar vecinos.

"Ellos no paran, pero nosotros tampoco pararemos. Aunque sí que nos hacen daño, mucho daño psíquico y moral, provocan miedo en gente mayor... lo que pasa es que es muy difícil cuantificar y demostrar ese daño que hacen a las personas", dice Alberto.

El Ayuntamiento, que no respondió cuántos procesos judiciales ha iniciado contra inquilinos de alquiler social, subrayó que "no hay ninguna sentencia firme relacionada con los procesos judiciales" referidos: es decir, que aún pueden recurrirse las sentencias.

Carmen tiene 65 años, y hace 26 el Ayuntamiento le expropió un piso de 30 m2 que era de su propiedad. Carmen dice que fue porque "no tenía el mínimo de metros reglamentario en ese momento, mientras que ahora ellos mismo hacen pisos de ese tamaño". Pero a Carmen el Consistorio no le dio un piso en propiedad a cambio del que le expropió, sino que le otorgó un alquiler social por el cual paga 136 euros al mes. Vive con los 800 euros que cobra por su pensión de viudedad, pero piensa que si le liberan de su protección le van a subir el alquiler.

“Yo tenía un piso, me lo expropiaron y me dieron un alquiler social, ¿y ahora también me quieren sacar esto? ¿Cómo vivo yo pagando un alquiler de 400 euros más el agua, la luz, la comida?”, dice Carmen, indignada.

“Hemos sido propietarios, la mayoría somos personas mayores y enfermas... ¿Hay derecho a que no nos dejen vivir tranquilas y dignamente?", señala, y agrega que en su contrato hay una cláusula que dice “adjudicar definitivamente la vivienda sita en Madrid… ¿también se quieren saltar eso?”, dice.

Ana María fue una de las inquilinas desalojadas del edificio del 30 de Cava Baja, 30, en 1989, una expropiación rodeada de polémica porque el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Tamames, tenía participaciones que no había declarado en la empresa compradora del inmueble. Tamames renunció a su cargo tras el escándalo, conocido como el "caso Tamames".

"Declararon nuestro edificio en ruinas y nos cambiaron de vivienda para venderlo: 26 años después, quieren volver a hacerlo", dice Ana María, agregando que en su actual edificio (Embajadores, 26) son los vecinos quienes se ocupan del mantenimiento de la finca, ya que el Ayuntamiento -propietario del inmueble- no lo hace.