Mariella y Lourdes
Mariella y Lourdes, una pareja de lesbianas a la que paralizaron su tratamiento de reproducción asistida. JORGE PARÍS

Mariella y Lourdes llevaban dos años intentando ser madres cuando en medio del tratamiento de reproducción asistida se cruzó la orden ministerial que, desde noviembre, oficializa la exclusión de las mujeres solteras y las mujeres lesbianas de este servicio de la sanidad pública. La entrada en vigor de la norma abortó su proyecto de formar familia y las ha dejado "tristes y frustradas". Su caso ilustra la discriminación que vive el colectivo de mujeres vetadas de la reproducción asistida en los hospitales públicos, según su abogada, Paula Ibáñez. Ellas han decidido denunciarlo públicamente, al tiempo que reclamarán su derecho a seguir siendo asistidas en la Seguridad Social por la vía administrativa y en sede judicial.

Mariella y Lourdes acudieron en 2013 a su médico de cabecera para solicitar un tratamiento de reproducción asistida que les permitiera ser madres. La ginecóloga del hospital de referencia, el Hospital del Tajo, realizó las convenientes pruebas a la futura gestante, Mariella, y derivó su caso al Hospital Doce de Octubre por carecer Aranjuez de una unidad específica de reproducción asistida.

Una orden ministerial limita la reproducción asistida a mujeres que no hayan podido quedarse embarazadas "tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal El Doce de Octubre rechazó la asistencia médica de la pareja, alegando que el centro carecía de un banco de semen, que Mariella no tenía ningún problema para gestar y por el hecho de que tenía pareja femenina. Esta negativa les dejó "desilusionadas" y decidieron tomarse unos meses de reflexión. Tras este impás retomaron el proceso y pidieron la derivación de su caso, por la libre elección de médico, a la Fundación Jiménez Díaz. Decidieron entonces que Mariella se presentaría esta vez como madre soltera, no como lesbiana.

"Al tratarse de un nuevo expediente, me volvieron a someter a todas las pruebas y analíticas, algunas de ellas un poco molestas", reconoce, "pero queríamos ser madres, con lo cual seguimos adelante". Mariella inició el tratamiento, consistente en un tope de tres inseminaciones artificiales, previa preparación hormonal, seguido de tres intentos de fecundación in vitro. La inseminación fracasó las tres veces y en enero, cuando se disponían a probar con la segunda técnica (la fecundación in vitro), el centro médico les comunicó que no podían continuar debido a la entrada en vigor de una orden ministerial que limita los candidatos a la reproducción asistida a aquellas mujeres que no hayan podido quedarse embarazadas "tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".

"Nos quedamos hechas polvo. Habíamos oído hablar de que habían aprobado esta norma, pero pensábamos que no iba a interferir en un proceso abierto", explica Mariella. La pareja ha decidido dar la batalla legal y reivindicar su derecho a retomar el tratamiento en curso. En principio acudirán a la vía administrativa y, en caso de no dar los frutos deseados, acudirán a la judicial, según informó su abogada, Paula Ibáñez. Para Ibáñez, la norma ministerial choca con la Constitución, con la ley de reproducción asistida de 2006 y supone "una discriminación múltiple" que limita a un solo modelo de mujer, heterosexual y con pareja, el acceso a las técnicas de reproducción asistida públicas.

En la rueda de prensa en la que Mariella y Lourdes relataron su caso, este miércoles en Madrid, compareció también una portavoz de la asociación feminista Las Tejedoras. Julia Yague denunció que la norma supone "un recorte de libertades y derechos y la imposición de un modelo de familia". También incidió en que se trata de una norma "ideológica" y no "económica", así como "una discriminación por orientación sexual".

Las Tejedoras denuncian también "discriminación geográfica", dado que hay comunidades autónomas, como Cataluña y Extremadura, que mantienen en vigor el acceso a este tipo de tratamientos de todas las mujeres, sin importar su orientación sexual.

Mariella y Lourdes no descartan acudir a una clínica privada para cumplir su deseo de ser madres, pero antes intentarán que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid les devuelva su derecho reproductivo. "Porque, además no es sencillo para nosotras asumir ese coste", reconoce Lourdes. Un tratamiento de fertilidad en un centro privado cuesta entre 2.000 y 8.000 euros, según el caso.