El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado este martes en Palencia que la nueva ordenación del territorio de Castilla y León ha mejorado la prestación de servicios a más de 1.600.000 personas, que la reforma de la Administración autonómica ha supuesto un ahorro de 300 millones de euros y que más de 50.000 personas se han beneficiado de los protocolos de colaboración con comunidades autónomas limítrofes.

De Santiago-Juárez, que ha participado en una reunión de la Comisión de Coordinación Territorial en la capital palentina, ha realizado un balance de la legislatura y ha analizado las medidas implantadas para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses durante el citado periodo.

Así, el consejero de Presidencia ha indicado que la Junta aprobó a principios de 2014 un conjunto de 65 medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad, que se tradujeron en el mes de septiembre de ese mismo año en una "amplia reforma legislativa" de 44 leyes a través de la Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad, que han supuesto un ahorro próximo a los 300 millones de euros y una reducción a la mitad de los 110 órganos existentes.

Además, ha apuntado que una de las actuaciones más relevantes ha sido el nuevo modelo de ordenación del territorio para diseñar "la Castilla y León del siglo XXI" por el que se llevarán a cabo un ciclo de reuniones con los representantes de cada uno de los 2.248 municipios de la comunidad tanto para explicar el mismo, como para recibir aportaciones y críticas e ir adecuándolo con nuevas sugerencias.

La mejora de la financiación de las entidades locales ha sido otro de los hitos marcados que ha destacado el consejero, ya que pese al impacto de la crisis en los presupuestos autonómicos el esfuerzo para seguir apoyando financieramente a las entidades locales se cuantifica desde 2011 en más de 200 millones de euros más.

Asimismo, la Junta ha defendido la pervivencia de los municipios manteniendo las competencias municipales en servicios sociales, y también en sanidad y educación hasta la aprobación de los nuevos modelos de financiación local y autonómica.

Y es que gracias a ello, los más de 3.600 consultorios locales han podido seguir funcionando con normalidad, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales han podido seguir prestando a sus vecinos servicios como la ayuda a domicilio y las 140 residencias y 8.000 plazas para personas mayores y personas con discapacidad titularidad de las corporaciones locales han podido seguir funcionando con normalidad y también los más de 130 centros de día, que atienden 1.000 personas mayores y con discapacidad.

También se ha referido a la transparencia y participación y al respecto ha subrayado que el Portal de Datos Abiertos, que hoy tiene más de 170 conjuntos de datos a disposición de particulares y empresas, ha prestado servicio a más de 45.000 ciudadanos y que más de 22.000 personas han consultado o la información contable, presupuestaria, contratos, subvenciones, sobre el patrimonio de los miembros del Gobierno y sueldo de los altos cargos en la web de la Junta.

Objetivos que han visto completados con la recién aprobación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, que impone al Gobierno autonómico y a su sector público que los ciudadanos puedan conocer el gasto en publicidad institucional, el número de vehículos oficiales o los inmuebles titularidad de la Administración y sus arrendamientos, entre otras cuestiones.

Además, esta norma amplía las actuales obligaciones de los altos cargos, ya que desde su aprobación deben presentar anualmente las declaraciones del IRPF o realizar declaración notarial de bienes no solo cuando acceden al cargo sino también al abandonarlo, y eleva a rango de ley el derecho de participación ciudadana en la elaboración de las disposiciones normativas.