Cristina Cifuentes irá a las elecciones por la Presidencia de la Comunidad de Madrid con una lista electoral trufada de hombres y mujeres de confianza de Esperanza Aguirre. La todavía presidenta del PP se ha negado a respetar el acuerdo tácito por el cual la candidata, la dirección regional y la nacional eligen, respectivamente, el 33% de los nombres. En su lugar, ha llenado la candidatura de la ex delegada del Gobierno de alcaldes y cargos afines, en un intento por no ceder el poder interno en la formación.

"La presidenta es Esperanza Aguirre y es lógico y natural que ella tenga mucho que decir, pero entiendo que como candidata debo de decir algo y no sería planteable que una la lista que voy a encabezar sea una lista en la que prácticamente no tenga participación", protestaba este martes la dirigente popular.

Su poder de decisión ha quedado limitado a una decena de personas. Cifuentes mantiene una estrecha relación de amistad con los cuatro primeros, que son Ángel Garrido (actual presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid y uno de sus grandes apoyos internos), Jaime González Taboada (director general de Cooperación con la Administración Local), Paloma Adrados (alcaldesa de Pozuelo) y Carlos Izquierdo (director general de Servicios Sociales). A partir de ahí, su influencia se diluye de forma progresiva.

La aguirrista Gádor Óngil ocupa el sexto lugar. El séptimo es el concejal de Moncloa-Aravaca Álvaro Ballarín, designado coordinador del programa autonómico a pesar de estar relacionado con el caso del 'pequeño Nicolás' y de polémicas como la contratación de una joven sin experiencia para el puesto de asesora a dedo. A continuación figuran la actual consejera de Empleo, Anabel Mariño; el alcalde de Alcorcón, David Pérez; el de Getafe, Juan Soler; y el ex primer edil de Alcalá de Henares, Bartolomé González. La candidata prefería no contar con ninguno de los dirigentes municipales, pero Aguirre ha impuesto su criterio y sus galones.

El duodécimo en la relación es Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente y uno de los valores jóvenes con los que Cifuentes quería renovar la lista. Rosalía Gonzalo, decimotercera, ha formado parte del gabinete de la Delegación del Gobierno desde la llegada de la candidata.

Por debajo de ellos, todos los nombres pertenecen a Aguirre, salvo dos que cuentan con el beneplácito de su compañera de partido: el consejero de Economía Enrique Ossorio y la diputada y responsable de redes sociales del PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Cifuentes no tendrá más remedio que quedarse con veteranos como Ignacio Echeverría (presidente de la Asamblea esta legislatura), Elena González Moñux (viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas), Jesús Fermosel (consejero de Asuntos Sociales), Ignacio García de Vinuesa (alcalde de Alcobendas), Pedro Rollán (alcalde de Torrejón), Juan Antonio Gómez Angulo (amigo personal de Ana Botella y José María Aznar y exedil de la capital) o los diputados Alfonso Serrano, Pepa Aguado, Luis Peral o Pilar Liébana.

La exdelegada quiere inculcar a su equipo que, sean o no de su cuerda, los miembros de la lista van a trabajar, puesto que pretende dividir Madrid por comarcas o municipios y enviar allí a los suyos para recoger las quejas, las demandas y las propuestas de los vecinos de la región. Este sistema, similar al de las elecciones inglesas o americanas, será el primer paso para la gran reforma que quiere  implantar si llega a gobernar: el cambio del sistema electoral, la división por circunscripciones y la reducción del número de diputados en la Asamblea de Madrid, pasando de los 129 actuales a menos de 90.

Esperanza Aguirre —que justificaba este martes que es mejor un "mal acuerdo" con Cifuentes que un pleito— no ha tenido condicionantes para elaborar su lista a la Alcaldía de Madrid. Sin embargo, sus decisiones también han generado polémica.

Su segundo de abordo es su jefe de campaña, Íñigo Henríquez de Luna, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid que, junto al número 7, Fernando Martínez Vidal, se negó a votar la retirada de símbolos franquistas de las calles de la ciudad. Los números 27 y 32 son, respectivamente, Luis Miguel Boto, acusado de facilitar medios municipales al 'pequeño Nicolás', y Angel Donesteve, que despidió a una funcionaria acusándola de bajo rendimiento tras haber sido madre.