El candidato regionalista a la Alcaldía, José María Fuentes-Pila, ha acusado a la Autoridad Portuaria de Santander (APS) de, con el "beneplácito" del Ayuntamiento de la capital, estar "expulsando bajo amenaza de grandes multas" a las pequeñas embarcaciones del fondeadero junto a la rampa de Cruz Roja en Castilla-Hermida.

En un comunicado, ha explicado que los propietarios de las embarcaciones han recibido una carta certificada de la APS en la que se les da un plazo de quince días para abandonar este emplazamiento.

Ha censurado que se les insta a marcharse bajo la amenaza de multas de hasta 60.000 euros, más los costes derivados de la retirada de los barcos si no lo hacen.

El regionalista, que, acompañado de miembros de su candidatura, se ha reunido con algunos de los afectados, ha señalado que este emplazamiento ha sido donde "históricamente" han fondeado sus barcos pescadores retirados de Castilla-Hermida y el Barrio Pesquero, y constituye, a su juicio, "una seña de identidad en la única zona de Santander que ha mantenido su identidad pesquera".

"Son embarcaciones modestas, pequeños botes y lanchas que no tienen más función que permitir a muchos jubilados seguir vinculados al mar", ha dicho.

Fuentes-Pila ha afirmado que la situación del fondeadero es "alegal" pero ha advertido de que es así durante los últimos cien años.

Además, ha señalado que "ninguno" de los afectados se opone a pagar la tasa que sea preceptiva por amarrar sus pequeñas embarcaciones.

El regionalistas ha criticado el modo de proceder de la Autoridad Portuaria y el, a su juicio, "silencio cómplice" del Ayuntamiento de Santander.

"Cien años después deciden acabar con el fondeadero y lo hacen a través de una carta y bajo la amenaza de multas que ninguno de los afectados podría pagar", ha lamentado.

Así, el candidato ha criticado que ni la Autoridad ni el Ayuntamiento hayan tenido la consideración de mantener una reunión con los afectados e informales de este cambio de opinión sobre el fondeadero y darles un plazo razonable para el desalojo u ofrecerles una solución alternativa".

"Nos preguntamos por qué precisamente ahora se actúa de esta manera", ha señalado Fuentes-Pila, que considera que lo lógico es que "después de años y años de estar en ese lugar, hubiese sido un mínimo de consideración con los propietarios, que no se oponen a legalizar sus amarres".

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