El PSOE insiste en preguntar al alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), quién se va a encargar de la gestión de las multas de tráfico en vía ejecutiva, que suponen "casi el 40 por ciento" del total de expedientes que se tramitan en la capital.

En una nota, la concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén Matilde Cruz ha exigido este domingo al alcalde que "se deje de vender como algo bueno" la privatización del servicio por el cual una empresa se lleva el 15 por ciento de una recaudación, dinero que "se reduce a la mitad del que se recogía con la gestión pública". Asimismo, le reclama que detalle "cómo lo va a hacer para gestionar las sanciones en pago forzoso".

La edil explica que "si la empresa Vialine no se hace cargo de estas multas porque así lo estipula el contrato, con qué fórmula y personal se hará entonces, habida cuenta de que casi la mitad de las sanciones termina tramitándose por esta vía".

En cualquier caso, asegura, "requeriría un personal cuanto menos similar para la vía voluntaria al que la empresa debería poner a disposición de una capital de 116.000 habitantes, pero que en este caso no se sabe de dónde va a salir".

Asimismo, Cruz ha señalado que de los datos de 2014, época en la que la Diputación gestionaba las multas al Ayuntamiento, la recaudación por vía ejecutiva alcanzó "los 400.000 euros". Además, Cruz ha reclamado saber "cuántos expedientes hay ahora en vía ejecutiva sobre la mesa, porque llevamos cinco meses sin gestión de las multas, que se ha parado por completo".

Así las cosas, la edil ha reiterado que las previsiones de ingresos del PP en su presupuesto por este servicio, 900.000 euros frente a los 1,5 millones que salían de la gestión pública por convenio con la Diputación, "mermarán notablemente con la privatización".

"Si hay que restarle a ese importe el de las multas en vía ejecutiva porque no se recaudan, que hay que invertir dinero en crear una plataforma informática para tramitar, y encima la empresa con la que se privatiza el servicio se lleva un 15 por ciento sólo por encargarse de la vía voluntaria, ¿qué hay de beneficioso en este desastre?", ha reprochado la edil socialista.

Por ello, Cruz cree que Fernández de Moya debería "salir a explicar qué oscura motivación, más allá de la inquina política hacia administraciones socialistas como la Diputación, tiene para cerrar con una empresa privada un contrato que hace aguas por todos lados y que deja en tierra de nadie una parte del servicio".

"Cambiar eficiencia por chapuza, eso es lo que ha conseguido Fernández de Moya", ha sostenido la concejal, que finalmente ha señalado que sólo por apremio se tramitaron el pasado año 8.000 expedientes que "a día de hoy están en tierra de nadie porque no se tramitan".

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