IU de Valladolid advierte del "posible inicio de un nuevo caso Zambrana" en una parcela del camino del Cementerio

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado este viernes acogerse a la previsión legal de suspensión de los plazos referidos a la expropiación por Ministerio de la Ley de una parcela situada en el Camino del Cementerio, lo que para el Grupo Municipal de IU supone el "posible inicio de un nuevo caso Zambrana".

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado este viernes acogerse a la previsión legal de suspensión de los plazos referidos a la expropiación por Ministerio de la Ley de una parcela situada en el Camino del Cementerio, lo que para el Grupo Municipal de IU supone el "posible inicio de un nuevo caso Zambrana".

El Grupo político entiende que esta situación puede ser igual que la que ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a tener que expropiar la parcela de Finca Zambrana y pagar a la comunidad de propietarios 19,5 millones de euros después de varias sentencias judiciales.

Según IU, se trata de un solar de 18.555 metros cuadrados en el Camino del Cementerio, cuya propiedad ha mostrado su propósito de poner en marcha un expediente de justiprecio, reclamando la expropiación de ese terreno por ministerio de la ley al estar calificado como "equipamiento general público" en el Plan General de Ordenación Urbana de 2004, "sin que se haya procedido por la Corporación desde entonces a ejecutar lo previsto en él"

Se trata, a juicio del Grupo, de un nuevo caso de "gravísima desatención y falta de responsabilidad" del actual equipo de gobierno, que unen a otros dos que ha tratado también la Junta de Gobierno de este viernes.

Así, han calificado de "injustificable" que el Consistorio finalmente haya tenido que renunciar a las dos sanciones de 600.000 euros impuestas por infracciones urbanísticas muy graves en la demolición de dos inmuebles catalogados en Labradores 37-39.

En opinión de IU, el Ayuntamiento, al admitir los argumentos jurídicos del recurso presentado por la empresa constructora y considerar que tales "infracciones se han entendido prescritas", ha acabado por "perder 1,2 millones de todos los vallisoletanos".

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