La candidata socialista a la Alcaldía de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, ha exigido a la alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), que explique si contrató "a dedo" a la empresa Deloitte para ejecutar los 260 despidos de trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) municipal "por orden directa de la alcaldesa".

En una nota, Sánchez explica que realiza esta petición tras conocer que la Delegación del Gobierno de la Junta "está investigando este procedimiento de contratación, que ha de contar, según establece la normativa, con una obligada invitación a tres empresas del sector para que cada una de ellas presente sus propuestas económicas".

Asegura que, "por ejecutar las órdenes de García-Pelayo de echar a los 260 trabajadores a la calle, la firma se embolsó 120.000 euros". Se da la circunstancia, según la candidata socialista, de que la alcaldesa "podría haber actuado de la misma forma que en la contratación de las empresas de la trama Gürtel, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional y que varios informes técnicos ya han calificado como ilegal".

Sostiene que toda prestación de servicios que contrate el Ayuntamiento "ha de cumplir al pie de la letra la ley", argumentando que "en este caso sería mucho más doloroso aún", ya que supondría haber pagado "una alta cantidad de dinero a una empresa contratada irregularmente para una tarea tan rastrera como dejar a 260 familias en la calle".

Contratación y ausencias "extrañas"

A juicio de Sánchez, la contratación de esta empresa resulta "muy extraña", ya que el Ayuntamiento "posee suficientes recursos propios en este campo". Abunda que a los empleados municipales del área se les dejó "al margen" y la alcaldesa "decidió gastar 120.000 euros en contratar a Deloitte sin que mediara ningún concurso".

La alcaldable socialista también llama la atención sobre el hecho de que tanto la alcaldesa como el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, no participaran en la elección de esta empresa, ya que, "casualmente, se ausentaron en las juntas de gobierno local que llevaron a cabo la contratación".

En su opinión, esto demuestra que estaban "muy poco seguros de que el proceso fuera legal", procediendo a "involucrar a otros de sus compañeros del Grupo Municipal del PP en un asunto que podría acabar en los tribunales y pidiendo responsabilidades a quienes votaron a favor de esta adjudicación tan poco transparente".

Sánchez lamenta que Jerez pueda verse envuelta "en otro lío judicial más, con lo que ello supone de daño a la imagen de la ciudad".

Igualmente, censura la manera en la que el gobierno local del PP "juega con el dinero de los jerezanos", ya que no se trata solo de los 120.000 euros a Deloitte, sino de "los tres millones de euros que va a costar a los jerezanos que los juzgados estén declarando improcedentes los despidos realizados" por el ERE, destacando que ya hay "medio centenar de sentencias favorables a los trabajadores y en contra del Ayuntamiento".