Cada vez las mujeres que denuncian ser víctimas de maltratos obtienen menos órdenes de protección. Los jueces catalanes han pasado de denegar el 35% de las medidas solicitadas en 2008 a rehusar el 66% el año pasado, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cataluña es la comunidad donde más se deniegan: la segunda es Madrid, con un 55%, y la media estatal se sitúa en el 43%.

"Es un fenómeno que prácticamente sólo pasa en Cataluña y, especialmente, en la provincia de Barcelona, donde hay juzgados que deniegan más del 90% de las medidas de protección", explica a 20minutos la responsable de la comisión de Mujeres Abogadas del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Mercè Claramunt.

Es el caso de Badalona (92,6%, casi el doble que el 2008), Santa Coloma de Farners (92,3%, cerca del triple) y Granollers (91,3%, cuarenta puntos más). También destacan los altos porcentajes de Barcelona (84,7%, casi el doble), Sant Feliu de Guíxols (85,9%, donde el 2008 no se desestimó ningún) o Sant Feliu de Llobregat (83,1%, más del triple).

Se calcula que sólo denuncian el 20% de las mujeres y sólo una de cada tres consiguen una medida de protección. Además, "de cada tres causas abiertas, una es archivada, otra acaba en absolución y sólo una, en condena", avisa Claramunt, quien subraya "el total sentimiento de desprotección de las víctimas".

Según esta abogada, hay que conocer la realidad de cada juzgado y las motivaciones de los jueces para denegar las medidas de protección, pero pide una mayor formación dada la complejidad de los casos de violencia doméstica.

La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica del CGPJ, Ángeles Carmona, también apuesta por una mayor especialización, pero, a pesar de que examinan la cuestión, recuerda que los jueces tienen que ser independientes y el CGPJ no puede dar instrucciones, pero sí recomendaciones.

De hecho, tiene una guía de criterios de actuación en este ámbito, que, posiblemente, actualizarán al acabar de analizar 600 sentencias de todo el Estado para saber como se está aplicando la ley integral contra la violencia doméstica aprobada hace 10 años. Carmona cree que a menudo se opta para juzgar episodios de violencia aislados y no el maltrato habitual.

En cualquier caso, asegura que las víctimas están protegidas aunque no tengan una orden y que "no hace falta una denuncia para salir del círculo de la violencia". Si presentan, pero, los anima a aportar informes médicos y psicológicos para que los jueces puedan valorar mejor la situación. Además, Carmona recuerda que el nuevo Código Penal castiga el acoso aunque no haya amenazas.