El presidente del PP y de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, ha asegurado que afronta con "absoluta tranquilidad y normalidad" haber sido llamado a declarar como imputado junto a otros 15 miembros del Consejo de Administración de Caja España como consecuencia de una demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León y por Ecologistas en Acción como consecuencia de los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras, entre ellos el ex presidente Santos Llamas.

"La política de la caja era refinanciación deuda para salvar caja", ha reseñado Maíllo, quien ha defendido su trabajo dentro de un órgano colegiado de la entidad que tomó decisiones basadas "siempre" en informes favorables de técnicos, del comité de riesgos y de la dirección y "supervisados" por la Consejería de Economía y por el Banco de España.

Por último, Maíllo ha recordado que el consejero de IU en Caja España, Francisco Guarido, "jamás dijo nada" en la Asamblea general de la entidad. "Jamás dijo nada en la Asamblea cuestionando la política de refinanciación que ha servido para que la caja siga adelante".