Los sindicatos CCOO y UGT defienden el mantenimiento de los puestos de trabajo en la plantilla de Acorex como condición 'sine qua non' para cualquier solución que se aplique a la situación por la que atraviesa la agrupación de cooperativas, de la cual responsabilizan al presidente extremeño, José Antonio Monago, y a su intención de "cambiar voluntades" tras inyectar en ella fondos públicos.

Los sindicatos, junto a las organizaciones agrarias UPA-UCE, Asaja Extremadura y COAG, y los partidos políticos PSOE, IU, 'Extremeños', Podemos y el Partido Comunista, además de los propios empleados, afectados por un expediente de regulación de empleo presentado por Acorex, apoyan la convocatoria de una manifestación en Mérida este sábado, 11 de abril, bajo el lema 'Salvemos Acorex'.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Julián Carretero y Francisco Capilla, junto a sus responsables del área agroalimentaria, y el presidente del Comité de Empresa de Acorex, Lucas Fernández, han comparecido en rueda de prensa para hacer un llamamiento al conjunto de los trabajadores, de los agricultores y de los ciudadanos de Mérida, para participar en la manifestación.

Lucas Fernández ha subrayado que la "mejor defensa" de sus empleos pasa por que "Acorex se salve", y asimismo ha señalado que recibirán el apoyo de los trabajadores del conjunto de las cooperativas y de los agricultores, que también se verían afectados si se llevara a cabo el plan de viabilidad presentado por la empresa. "Se va a ver mucha gente afectada", ha remarcado".

Por su parte, Julián Carretero ha señalado que "no puede haber solución de Acorex que no pase por la salvación de los empleos", ha reiterado, porque los sindicatos no van a "consentir" que se utilice dinero público para pagar los despidos de estos trabajadores.

En su opinión, la situación de Acorex responde a un problema de falta de crédito, que considera salvable financiación pública y privada, pero sobre todo sostiene que el principal problema de la sociedad es un "problema societario", es decir, que no hay "compromiso del conjunto de las cooperativas".

En este sentido, sostiene que el Gobierno regional debe actuar como un "mediador efectivo", con el fin de mantener la agrupación, así como propiciar el retorno de las tres cooperativas (Santa Amalia, Miajadas y Granja de Torrehermosa) que se han marchado.