El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha insistido este miércoles en reivindicar los 64 millones de euros que corresponden a la comunidad autónoma de Andalucía por lo recaudado con las tasas judiciales y que deben destinarse a la Justicia gratuita y aunque ha defendido que agotará el diálogo sobre esta reclamación, no descarta acudir a los tribunales si la misma no es atendida.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Justicia, en Madrid, el responsable andaluz ha dicho que desde que se puso en marcha la Ley de tasas judiciales, a finales de 2012, se han recaudado 64 millones de euros, mientras que Andalucía "está pagando a pulmón 38 millones anuales de Justicia gratuita, beneficiando a 340.000 personas".

Así, ha incidido en que el dinero recaudado de las tasas sea entregado a las regiones porque, según ha recordado, "el artículo 11 de la Ley de Tasas "lo ordena así". "El Gobierno de Rajoy está haciendo oídos sordos a lo que dice la propia ley que ellos aprobaron", ha afeado.

En la misma línea, De Llera ha expuesto que a Andalucía "no ha llegado nada de lo recaudado por las tasas" y, tras indicar que "somos gente de diálogo y acuerdo" y que se "agotarán" las negociaciones, ha advertido que, "si es necesario, la reclamación se llevará a los tribunales de Justicia".

"No queremos exigencias ni imposiciones pero si esto sigue así, recurriremos a los tribunales", ha insistido" el consejero que en la Sectorial de hoy verá cómo la cuantía que se reparta será únicamente de seis millones de euros, frente a los 564 recaudados.

La Consejería de Justicia ha explicado que de esos seis millones de euros, corresponden a Andalucía casi 1,5 pero, según ha detallado, no se trata de una partida finalista para la Justicia gratuita sino, en general, para la modernización de la Justicia.

Empleo público

Sobre la oferta de empleo público en la Administración de Justicia, el consejero ha lamentado que la tasa de reposición sólo alcance al 15 por ciento de las plantillas, lo que supone una cuantía insuficiente para dar respuesta a las necesidades de personal que actualmente tienen planteadas los órganos judiciales andaluces.

Al respecto, ha criticado también que las comunidades autónomas no hayan sido partícipes de esta decisión cuando son las responsables directas de la gestión de los recursos humanos en el territorio.

Por último, De Llera ha censurado que las autonomías no hayan tenido tiempo para disponer previamente de información sobre los proyectos normativos en marcha y presentados en la reunión de este miércoles para haber podido aportar propuestas y mejoras.

En línea con ello, se ha referido al nuevo proyecto de ley de registros civiles que ha presentado el Ministerio y ha defendido el carácter público y gratuito del servicio, que debe servir a los intereses generales de la ciudadanía frente a la privatización propuesta por el Gobierno central, que pretende "dejarlo en manos de los registradores de la propiedad y con ello, poner en riesgo la calidad del servicio".

El consejero andaluz ha subrayado que el Gobierno regional "cree en lo público" y considera "fundamental" defender este carácter en "servicios esenciales" como el registro civil, como "garantía" de su "calidad e igualdad". Asimismo, ha reivindicado la necesidad de dialogar y acordar previamente con las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales cualquier reforma de este servicio.

Sobre el desarrollo de la administración judicial electrónica, el consejero ha puesto de relieve la necesidad de propiciar acuerdos y consensos sobre los modelos y sistemas informáticos que se están implantando en los diferentes territorios para evitar duplicidades y que, en consecuencia, se incremente el gasto.