La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha publicado su segundo informe sobre privatización sanitaria en 2015 que muestra que Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades que tienen los niveles más bajos.

Por contra, dicho informa indica que las comunidades de Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares se mantienen como las regiones con un mayor grado de privatización en sus servicios.

El informe se ha realizado a partir de diferentes variables como el gasto sanitario dedicado a la contratación con centros privados, la presencia de modelos de colaboración público-privada, el gasto por habitante en seguros privados o el porcentaje de camas o equipamiento de alta tecnología que corresponde a hospitales privados.

No obstante, han criticado la "falta de transparencia" de las comunidades en este sentido, ya que en muchos casos hay contratación directa con el sector privado que no aparecen contabilizadas y diferenciadas en los presupuesto, lo que hace "complicado" obtener datos concretos de las administraciones sanitarias.

De hecho, los datos se corresponden de manera fundamental a 2013 y algunos a 2014, por lo que temen que los datos actuales sean incluso peores ya que "en la mayoría de las comunidades ha continuado el impacto de las políticas privatizadoras".

Tras Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares, donde la privatización es elevada, se situarían por este orden Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra y La Rioja, todas ellas con un grado de privatización intermedio.

Por contra, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura son las que tienen los niveles más bajos, repitiendo también en los mismos puestos con respecto al informe anterior.

Además, el informe muestra que el gasto sanitario privado se ha incrementado en un 7,3 por ciento en el último año, algo que esta entidad atribuye "fundamentalmente" a los copagos y a los recortes en la sanidad pública. De hecho, el gasto privado es mayor "donde más disminuyeron los presupuestos públicos".

"Si se deteriora el sistema público se produce un incentivo para que las personas con medios económicos busquen una alternativa en el sector privado", relata el informe.