El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha urgido este miércoles a que "se sepa la verdad" sobre el caso de los suelos de Mercasevilla, que "lleva ya muchos años", y ello al hilo del auto de apertura de juicio oral dictado por la juez Mercedes Alaya por el "concurso fraudulento" para la venta de dichos suelos contra un total de diez personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital hispalense Antonio Rodrigo Torrijos.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla sobre esta última novedad judicial, Maíllo ha respondido que "eso lleva ya muchos años, y lo que queremos es que se sepa la verdad y pronto" en un caso que supuestamente implica a Torrijos, que en noviembre del año pasado solicitó su baja temporal en IU para "no perjudicar" al partido después de que la Fiscalía de Sevilla solicitase para él dos años de cárcel, además de ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de fraudes y exacciones ilegales por dicho supuesto "concurso fraudulento".

"Queremos que se investigue ya y se deje de dar tantas vueltas", ha aseverado Maíllo, para quien, en esta cuestión, "IU siempre ha sido clara y transparente", según ha remachado.

Cabe señalar que en el citado auto de apertura de juicio oral, Alaya atribuye a los encausados un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación, y les requiere además para que, en el plazo de un día, presten fianza de manera solidaria por importe de 33.250.000 euros de cara a "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles", con el apercibimiento de que "de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Dicha cantidad se basa en la fianza de responsabilidad civil de 25 millones de euros —más el tercio legal— "en la que se fijaba la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra", añadiendo que esta cantidad "resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron y el ofrecido por Sanma que fue finalmente la adjudicataria".