La exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo ha mostrado este miércoles su "confianza" en la justicia tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el caso de los ERE irregulares y ha esperado que "la cosa quede en punto y final" y su honor "quede restituido".

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, al inicio de la comparecencia, que se ha prolongado por aproximadamente unas dos horas, el magistrado instructor Miguel Pasquau le ha expuesto los hechos que indiciariamente se le imputan según la exposición razonada presentada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y le ha dado la oportunidad de pronunciarse.

En la declaración estaban presentes la Fiscalía, la acusación particular ejercida por el Partido Popular, la defensa de Francisco Vallejo y la defensa de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. Ni la Fiscalía ni la defensa de Francisco Vallejo han realizado ningún tipo de pregunta. Tan sólo han formulado preguntas el magistrado instructor y la defensa de la exconsejera, que se ha negado a contestar a las preguntas de la representación legal del PP. Según las fuentes, al igual que con el exconsejero Antonio Ávila, que declaró este martes, no se han acordado medidas cautelares contra ella.

En declaraciones a los periodistas a su salida, la exconsejera ha dicho estar "muy satisfecha" y "contenta" de haber podido ofrecer la información que se le ha requerido: "Creo que he aclarado todos los temas y contenta de haber podido aclarar por fin lo que ha sido mi gestión publica, de plena dedicación, totalmente honrada, y dentro de los márgenes de la legalidad y espero que mi honor quede restituido", ha indicado.

Martínez Aguayo, que ha recordado que ha declarado de forma voluntaria ante el Alto tribunal andaluz, ha afirmado que tenía "muchas ganas" de hacerlo "desde hace tiempo". "A veces los tiempos de la justicia no son los que son, pero yo tenía muchas ganas de hacerlo y me siento satisfecha y tranquila de haberlo hecho", ha incidido.

De hecho, ha señalado que confía "plenamente en la justicia" y ha resaltado que ha ejercido su labor con "honradez y honestidad". "Espero que las cosas se sobresean y quede la cosa en un punto final. Yo no temo nada, confío plenamente en la justicia y he hecho lo que tenía que hacer", ha concluido.

Martínez Aguayo ha declarado en el TSJA después de que este martes lo hiciera el exconsejero de Economía e Innovación Antonio Ávila, que aseguró que no tenía "nada que ocultar" y defendió su "honestidad" tras 17 años trabajando en la administración pública.

Tras estos dos exconsejeros, llegará a la sede del Alto tribunal andaluz, también a declarar de forma voluntaria, Francisco Vallejo, el próximo 15 de abril a las 11,30 horas.

El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, citó a estos tres aforados —todos los imputados a excepción de Manuel Recio— "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Alaya.

El TSJA argumentó que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas —tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala—, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".

Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostuvo el TSJA.