Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Ronda (Málaga) han desmantelado cuatro laboratorios dedicados al cultivo 'indoor' de marihuana en dos viviendas unifamiliares contiguas en la urbanización Los Pinos.

La operación se ha saldado con la aprehensión de 1.200 plantas de 'cannabis sativa', 13,70 kilogramos de marihuana dispuesta para su venta, un vehículo y abundante material para el cultivo, secado y venta de la droga. Los tres detenidos, vecinos de Málaga, Alhaurín de la Torre y Benalmádena, han ingresado en prisión por orden judicial, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Todo comenzó cuando los agentes observaron, desde el interior de una vivienda de dicha urbanización que dos indiviudos cargaban en un camión bolsas de basura de grandes dimensiones y material que suele ser usado para la producción de este cultivo. Así, los guardias civiles decidieron seguir al vehículo sospechoso durante varios kilómetros, hasta interceptarlo en la A-367 dirección Campillos procediendo a identificar a sus ocupantes.

Durante la identificación, los guardias civiles se percataron de un fuerte olor a marihuana en la zona de carga del camión. Al inspeccionarla, encontraron varias bolsas con esta sustancia y abundante material para su cultivo, por lo que se procedió a la detención de estos individuos.

Posteriormente, los agentes se trasladaron a la vivienda de donde procedía la droga, ya que había indicios racionales de un posible laboratorio de cultivo de marihuana. En en el inmueble observaron como varios tubos de ventilación conectaban esta vivienda con otra contigua.

Tras la preceptiva autorización judicial, los agentes realizaron el registro de ambos hogares encontrando en su interior cuatro laboratorios perfectamente equipados para la producción 'indoor' de marihuana, deteniendo por tal motivo a una tercera persona.

Estas viviendas tenían "enganchada" de forma fraudulenta el fluido eléctrico desde el centro de cableado general que suministra a la urbanización, por lo que fue necesaria la asistencia de un técnico oficial de la empresa suministradora para minimizar los riesgos de electrificación y levantar las correspondientes actas por fraude eléctrico.