El juicio civil de Fórum Filatélico ha quedado este martes visto para sentencia, en la que se establecerá la culpabilidad o no del concurso de la sociedad iniciado en 2006 y la responsabilidad de sus máximos gestores casi nueve años después de que fuera intervenida por orden de la Audiencia Nacional.

La vista de calificación del concurso de la filatélica, que estaba programada en principio hasta el jueves, ha concluido en una sola jornada después de que varias de las defensas renunciaran a las declaraciones del expresidente de Fórum Francisco Briones, que ha estado presente en la sesión de este martes por la mañana, y del economista administrador concursal Antonio Moreno.

El juez de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senent, ha rechazado suspender la vista o aplazarla hasta que se diluciden las responsabilidades penales de los acusados en la causa paralela que se investiga en la Audiencia Nacional, como le habían reclamado.

También han declarado los peritos judiciales nombrados por la Audiencia Nacional, Roberto Boulandier y Hortensia Álvarez, que han ratificado el informe que entregaron al entonces instructor del caso, Baltasar Garzón, en el que ponían de manifiesto cómo la sociedad, en liquidación desde 2010, había inflado el precio real de sus sellos.

Así, y siguiendo un criterio "puramente filatélico" y en función de los catálogos para minoristas de firmas independientes como Yvert&Tellier y Edifil, han rebajado los más de 4.000 millones en los que Fórum valoró sus sellos en apenas 400.

"Era imposible que el mercado de la filatelia absorbiera el volumen de los sellos que Fórum comercializaba", ha resaltado Boulandier, que ha detallado que el valor de las estampillas viene marcado por su tirada y su estado de conservación, de forma que cuanto más pequeña y mejor conservada, mayor será su precio.

En este sentido, los sellos de Fórum eran de "calidad estándar y normales", pues a partir de 1956 se realizaban en tiradas mayores y con los mismos materiales y tinturas.

Por el contrario, el perito propuesto por Fórum Adolfo López ha defendido las cuentas formuladas por el equipo de Briones al considerar que se hicieron siguiendo la normativa mercantil, puesto que su actividad era de este ámbito y no financiera, tal y como señalaron el Banco de España y de la CNMV en 2007 y 2008.

Por ello, ha recalcado que "nadie cuestionó la continuidad de Fórum", puesto que a 31 de diciembre de 2005 presentaba un superávit de 337 millones.

Ha precisado que, mientras la administracion concursal —que eleva el agujero ocasionado por este fraude a 2.800 millones— defiende que la opción de recompra de los sellos "era cierta desde el minuto uno", lo que la convertiría en un contrato financiero de préstamo, en realidad era algo opcional para los clientes.

Sin embargo, a preguntas del abogado del Estado, ha reconocido que Fórum obtenía el dinero que necesitaba para ejercer las recompras de los sellos de los nuevos clientes, sin los que la sociedad no hubiera podido afrontar esos pagos.

Previamente, la que fuera responsable de control de calidad, María Cabezón, ha explicado que a su departamento llegaba desde el de presidencia todo el material filatélico que proporcionaban los proveedores.

Allí se separaban los sellos defectuosos, que aunque "válidos" no superaban "la calidad exigida por Fórum", y los que pasaban finalmente el control de calidad eran trasladados al departamento de distribución, mientras que el resto se conservaba en una caja fuerte para evitar que, si se devolvían a los proveedores, éstos pudieran venderlos a terceros o subastarlos. En todo caso, el registro "no estaba informatizado", sino que se anotaba todo en "cuadernos".

Desde primera hora de este martes, cientos de perjudicados por la estafa de Fórum se han congregado en las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla para pedir justicia y reclamar al Gobierno que "cumpla sus promesas" y "compense a los afectados" como ha ocurrido en otros casos, como en el de las preferentes.

En este sentido, el vicesecretario de Adicae, Antonio Pulido, ha declarado que es inconcebible que se celebre casi nueve años después de la intervención de la sociedad, lo cual "supone un descrédito añadido al funcionamiento de la justicia y las instituciones".