Ante la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla que declara "fortuito" el concurso de acreedores acordado sobre la ya extinta Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa), absolviendo así al alcalde, Francisco Jiménez (PA), el Grupo municipal socialista de Utrera reclama al primer edil que asuma su "responsabilidad política" por la quiebra de esta empresa municipal.

"Más allá de las responsabilidades judiciales y administrativas del concurso de acreedores de Produsa, que sólo compete valorarlas a los jueces, nos encontramos ante la quiebra de una sociedad municipal pública que ha tenido que cerrar y que nos ha costado un buen dinero a los utreranos, y alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas de esta negligente gestión a cuyo frente ha estado Francisco Jiménez desde el año 2003", exponen los socialistas.

El PSOE, en ese sentido, acusa al alcalde de "ocultar la verdadera situación de la empresa municipal antes de las elecciones municipales de 2011, cuando ante denuncias de los propios socialistas y pese a que ya se dejó de pagar alguna nómina y algún préstamo, se decía por parte de Francisco Jiménez que la situación era de normalidad". "Seguimos sin saber dónde y cómo se gastaron los más de 800.000 euros que se transfirieron desde el Ayuntamiento a Produsa en 2011, los 700.000 euros de los contadores de la barriada de Los Militares, o el dinero obtenido por la venta de los solares que el Ayuntamiento le cedía gratis".

A estas cantidades, según el PSOE, "hay que sumarle ahora los 600.000 euros que el Ayuntamiento se ha gastado en recomprar los bienes de Produsa en la liquidación de la misma, lo que hace que entre unas cosas y otras la factura que hemos pagado los utreranos ascienda por ahora a 2,2 millones de euros sin tener en cuenta la valoración de los solares". Así, los socialistas insisten en reclamar al alcalde su "responsabilidad" política.

La quiebra de produsa

Fue a comienzos de 2012, recordémoslo, cuando el Ayuntamiento de Utrera anunciaba un concurso voluntario de acreedores para la sociedad de desarrollo municipal Produsa. En aquellos momentos, la plantilla de Produsa llevaba ya cinco meses sin cobrar, los embargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social habían congelado las cuentas de la empresas y mediaba una deuda cercana a los 300.000 euros con diferentes proveedores.

En diciembre de 2012, los administradores concursales comenzaron la fase de liquidación de Produsa, siendo declarada disuelta esta sociedad pública y siendo aprobado el 17 de junio de 2013 su plan de liquidación. Trasladados a la Fiscalía los hechos contenidos en la gestión de Produsa, el Ministerio Público detectaba "irregularidades contables" como la ausencia de libros de contabilidad correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, la "no contabilización de facturas por un importe estimado de 45.000 euros" o la no coincidencia de los saldos contables de las cuentas bancarias "con los reales".

Igualmente, señalaba la Fiscalía una "inexactitud grave en algunos de los documentos que acompañan a la solicitud de concurso", censurando especialmente "una falta de contabilización de activos por importe de 519.528 euros" o una contabilización a la baja, en concreto en 527.007 euros, respecto a los "saldos acreedores". La Fiscalía también avisaba de un "retraso sustancial en la declaración de concurso", pues habría sido en 2006 cuando comenzaron los impagos, agudizándose la situación en 2009.

El Ministerio Público, en ese sentido, reclamaba al Juzgado de lo Mercantil número dos que el alcalde de Utrera, junto a otros representantes de la Corporación, así como las sociedades de la Diputación Prodetur y de Informática, fuesen declarados culpables de este concurso de acreedores, pidiendo para el primer edil y las entidades provinciales cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y entidades mercantiles.

Sin "perjuicio alguno"

Pero el Juzgado de lo Mercantil número dos, en una sentencia recogida por Europa Press, expone que la documentos aportados por la Fiscalía y los administradores concursales de Produsa ponen de relieve "indiciariamente, la realidad de meras irregularidades o retrasos en la contabilidad, pero no relevancia concursal alguna a efectos de la presente calificación" de culpabilidad o no. El juzgado, así, da por válidas las cuentas formuladas hasta el año 2010, si bien admite "el descuido en la gestión contable y dificultades de la misma". "De las irregularidades de gestión y contabilización no se reputa efectivo perjuicio alguno a tercero, ni que haya propiciado mayor estado de insolvencia".

"En la situación de deterioro y adversidad sobrevenida no se aprecia especial incidencia de actuación personal y particular alguna ni de los consejeros delegados, ni del consejo de administración, sino antes al contrario, la ordinaria del reajuste y adaptación a su estado de situación de crisis por el deterioro de circunstancias externas", razona la sentencia, que encuadra los hechos en "aconteceres" relacionados con "la crisis y la insolvencia sobrevenida" sufridas por Produsa.

Dado el caso, el Juzgado de lo Mercantil número dos desestima "la pretensión de culpabilidad propuesta" y declara "no haber lugar a la misma, sancionando el carácter fortuito del presente concurso de la entidad Produsa, a todos los efectos legales, con la absolución expresa de los codemandados", en referencia al alcalde de Utrera, otros representantes de la Corporación local y las sociedades de la Diputación Prodetur y de Informática.