La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) ha presentado dos escritos a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), mostrando su "preocupación" por los "retrasos' en la instrucción del 'caso Blasco' y solicitando "a la mayor brevedad posible que se efectúen todos los trámites y medidas oportunas para que el procedimiento, que lleva casi doce meses paralizado, siga su curso".

El Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre la condena de ocho años de cárcel fijada por el TSJCV para el exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' en las Corts Valencianes Rafael Blasco por el fraude de ayudas al tercer mundo.

La CVONGD ha explicado en un comunicado que en mayo de 2014 se citaron a 51 testigos de la pieza tercera del 'caso Blasco', que investiga el desvío de fondos en el proyecto para la construcción de un Hospital en Haití, que iba a ser el proyecto institucional de la Generalitat Valenciana tras el terremoto de 2010, pero las citaciones fueron suspendidas al dejar su acta como diputado el exconseller y trasladarse la instrucción al juzgado número 21 de Valencia.

A primeros de febrero de este año se citó a 22 testigos correspondientes a la pieza tercera, pero también en esta ocasión las citaciones se suspendieron por "falta de medios" tras haberse quedado el juzgado número 21 sin el juez de refuerzo, ha indicado el colectivo.

En el escrito presentado, la CVONGD declara entender y comprender el nuevo aplazamiento que se une a los anteriores ya descritos, pero expone que "la paralización del proceso en un caso tan complejo y de alto interés social como el 'caso Blasco', dificulta el ejercicio de la tutela judicial efectiva y solicita que se pongan los medios necesarios para que el procedimiento siga su curso sin más dilaciones".

La Coordinadora Valenciana de ONGD ha reiterado la valoración "muy positiva" de las actuaciones realizadas por los fiscales y la jueza encargada del caso que ha fructificado en las sentencias condenatorias.

Igualmente, espera que su resolución sea "ejemplarizante" dada "la gravedad de los delitos que supone el enriquecimiento con dinero público destinado a la lucha contra la pobreza", además del "calado político de las personas acusadas que conformaban la cúpula política de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía", ha manifestado.