El exconsejero de Andalucía y diputado nacional José Antonio Viera ha llegado este martes a las 9,40 horas al Tribunal Supremo, donde será el primer aforado en este órgano en declarar ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares.

Viera ha llegado al alto tribunal en taxi y ha entrado con gesto serio y limitándose a dar los buenos días a los numerosos periodistas que le esperaban a las puertas del edificio.

Viera inaugura la ronda de declaraciones que se inicia este martes tanto en el Supremo como en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Será el primero en responder a las preguntas que les realicen tanto el instructor de la causa como los fiscales del Supremo Fernando Prieto y Rafael Escobar y el abogado de las acusaciones populares en representación de Manos Limpias —a quien ha correspondido coordinar la acción letrada— y el PP andaluz.

Viera deberá responder, principalmente, a las preguntas sobre la concentración de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello después de que, en uno de sus últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara que el exconsejero "pudo haber facilitado la concentración" de ayudas en esta comarca "por decisiones de diferente índole" y "con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas".

Los agentes aseveran que Viera, "en cooperación con el resto de miembros del Consejo Rector del IFA, pudo favorecer de manera desmesurada a personas de su entorno vinculadas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla", señalando que, como consecuencia de las decisiones adoptadas, los beneficiarios asociados a esta comarca "obtuvieron ayudas por importe total de 56.401.307,43 euros".

Así, la investigación policial concluye que "pudo tener una participación esencial" en estas ayudas, añadiendo que, "no es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados".

"dispendio de fondos públicos"

Los agentes aseveran que "llama poderosamente la atención el desequilibrio y el dispendio de fondos públicos a favor de esta comarca de Sevilla durante el periodo en que Viera fue máximo responsable de la Consejería", pues "durante su etapa se suscribieron convenios de colaboración a favor de todas las entidades vinculadas con la misma por importe total de 29.987.287,47 euros, lo que habría supuesto el 64,1 por ciento del total de convenios suscritos y catalogados como ayudas a empresa que se concedieron en Andalucía por parte de la Consejería de Empleo y a cargo de la partida 31.L".

Por ello, consideran que Viera "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica, a la que estaba vinculado, con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas", y aseveran que, por ello, "habría podido incumplir la protección de los recursos públicos a su cargo y los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y que estas ayudas, por supuesto, se hubiesen empleado de manera sustancial en la creación y mantenimiento del empleo".

Los agentes precisan que, "bajo su responsabilidad, y durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería, se emitieron resoluciones de ayudas a favor de los beneficiarios vinculados en el atestado por importe total de 7.142.294,82 euros", a lo que se suma que, "siendo máximo responsable del IFA, se suscribieron convenios de colaboración a favor de estos beneficiarios por importe total de 15.1 millones", mientras que durante su etapa como consejero y presidente del IFA "se desembolsaron desde esta agencia fondos públicos pos 5,8 millones".

En el Supremo el jueves le tocará el turno al expresidente de la Junta José Antonio Griñán; el día 14 de abril al también expresidente Manuel Chaves; el día 16 al exconsejero Gaspar Zarrías y, por último, el 21 de abril, a la senadora y exconsejera autonómica Mar Moreno.