La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha negado este lunes que haya paralizado o dejado de apoyar los trabajos que se estaban realizando en Alfacar (Granada), en una zona donde se cree que podría estar enterrado Federico García Lorca, y ha indicado que, hasta ahora, sólo ha dado a conocer el informe final de las investigaciones, llevadas a cabo entre noviembre de 2014 a marzo de este año.

Según recuerda en un comunicado, este informe señala como conclusión que la prospección geofísica con georradar en el terreno "ha detectado tres alteraciones del subsuelo en la zona delimitada por el estudio geoarqueológico como la más probable para la ubicación de los pozos buscados y en las cotas señaladas en la investigación arqueológica y documental para el suelo original del terreno con anterioridad a la obra del campo de fútbol", que se iba a construir en el enclave a mediados de los 90. "En buena lógica, cabría pensar que se han localizado los mencionados pozos. Nos obstante, no se puede tener la certeza del hallazgo hasta su constatación por el método arqueológico", se concluye en el documento.

En esta documentación, recuerda la Junta de Andalucía, "en ningún caso se constata la existencia de restos humanos" y los resultados de la investigación no dan tampoco indicios de enterramientos, ya que "sólo hablan de alteraciones del terreno que podrían o no corresponderse con estos o con los viejos pozos de agua descritos por algunos testigos de cargo".

Por tanto, "dado que estamos hablando de dinero público, y a la vista de que no se constatan datos fiables", la Junta está "a la espera" de que el equipo de expertos que ha trabajado en la zona los aporte para en ese caso valorar otras posibles actuaciones, "como se viene haciendo con otras localizaciones y exhumaciones".

La Dirección General incide además en que viene trabajando desde hace más de una década en decenas de intervenciones de exhumación en Andalucía entre otras Alfacar y Alhendín, en Granada; Gerena, Arahal, Puebla de Cazalla, en Sevilla; Sierro, en Almería; Málaga o El Bosque y Grazalema, en Cádiz, con el objetivo de "dar justicia y reparación a las víctimas y a sus familiares, en colaboración con ayuntamientos, asociaciones memorialistas, universidades y equipos de trabajo".

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