La plataforma ciudadana Xuntos se presentará como acusación popular en el procedimiento seguido por el Juzgado de Instrucción número siete de Vigo contra tres funcionarios —un jefe de servicio del Ayuntamiento, el actual interventor y su antecesor— y una familiar de la teniente de alcalde de la ciudad, Carmela Silva.

El pasado mes de febrero el juzgado admitió a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra estas cuatro personas en relación con supuestas irregularidades en la contratación de personal de una empresa que gestionaba los centros cívicos municipales en la ciudad. Todos ellos están citados a declarar en calidad de imputados el próximo 10 de abril.

Estas diligencias fueron realizadas por el Ministerio Público en base a una denuncia registrada en agosto por Xuntos, tras lo que ha aportado prueba documental y testifical y mantiene que hay indicios de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Para poder personarse como acusación popular, el colectivo ciudadano ha procedido a ingresar la fianza de 3.000 euros solicitada por el juzgado, aunque ha incidido en su "contrariedad y disconformidad" porque se le haya hecho este requerimiento "en un proceso que no existiría de no ser por —su— iniciativa popular de denunciar unos hechos presuntamente delictivos".

Sobre los hechos investigados, Xuntos ha apuntado que "es cuando menos improbable, por no decir imposible, que Carmela Silva no estuviese enterada", al igual que el alcalde, por ser "el máximo responsable de lo que ocurre en el ayuntamiento", donde, ha añadido, "no se hace nada sin su consentimiento". "Por ello, es cuando menos improbable que los técnicos, altos funcionarios, hayan obrado por su cuenta sin contar con el consentimiento del alcalde", ha rematado.

En esta misma línea, la plataforma también ha criticado que el pleno extraordinario sobre estas cuestiones convocado la pasada semana a petición del PP, se convirtió en un "paripé" y ha manifestado que el que el Gobierno local se limitase a constatar que tres funcionarios han de "informar" al juzgado sobre "un contrato" confirma que "Abel Caballero y Carmela Silva tienen muchas cosas que ocultar".