El plazo para que los acusados del caso Nóos presenten su escrito de defensa finalizará este miércoles, a las 15.00 horas. Hasta el momento, el único procesado que ha hecho entrega de sus alegatos ha sido el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, mientras que restan por hacerlo la Infanta Cristina y otros 16 acusados de cara a un juicio que, ante su complejidad y la expectación mediática prevista, prevé alargarse durante varios meses en la Audiencia Provincial de Baleares.

Los inculpados deberán asimismo hacer frente, antes del miércoles, al pago de un total de 61,3 millones de euros en fianzas civiles, de los cuales 2,6 millones corresponden a la Infanta, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron Urdangarin y Torres en torno al Instituto Nóos.

En el caso de Cristina de Borbón, ésta ya abonó 587.413 euros de la cantidad que se le exige, mientras que el juez decretó fianzas de 14,9 millones de euros para Urdangarin; 15,8 millones para su exsocio Diego Torres y la mujer de éste, Ana María Tejeiro; 4,6 millones para el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones para el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones para el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.

En el ámbito balear, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal se enfrentan de forma conjunta a una caución de 3,5 millones de euros; el exasesor jurídico del Instituto  Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, a 167.421 euros, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía 155.421 euros.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, Castro reclama 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, solicita 152.000 euros a la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, que ya presentó un aval por esa cantidad.

Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.

En caso de no hacer efectivos los depósitos, el juez les emplazará a que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Una vez presentados los escritos de defensa, el juez remitirá a la Audiencia toda la causa, que acumula más de 70 tomos, y su futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad —establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados—, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

La Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel para 14 de los inculpados —no acusa a la Duquesa de Palma y a otros dos procesados—, mientras que el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, reclama ocho años de cárcel para la hermana del rey Felipe VI como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

En concreto, las penas más elevadas que solicita el Ministerio Público son los 19 años y medio de cárcel que reclama para Urdangarin, y los 16 y medio para Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

A lo largo de 673 páginas, el fiscal Pedro Horrach desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".