En una resolución, consultada por Europa Press, el Defensor del Pueblo sugiere a la Consejería de Justicia e Interior que, "conforme a los criterios acordados por el TSJA en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, y oído el CGPJ, se promuevan todas las iniciativas de impulso y convicción ante el Gobierno de la nación para la creación de, al menos, dos nuevos juzgados de lo Social en Sevilla".

De igual modo, Maeztu recomienda que se lleve a efecto una evaluación de las necesidades de las plantillas y dotaciones de personal, "destinando los puestos de trabajo acordes con las cargas y funciones asumidas por los juzgados de lo Social, mediante la adecuada distribución de los mismos".

A su juicio, "ni la planta judicial es idónea, ni su organización garantiza la efectividad de la protección judicial de los derechos de los justiciables", añadiendo que, "a la vista de la situación analizada, cualquier referencia a los estándares de calidad de servicios, plazos procesales o derechos reconocidos en la Carta de Servicios del Consejo General del Poder Judicial, quedan degradados a una vaga referencia perfectamente opuesta a las capacidades de respuesta que pueden ofrecer los juzgados de lo Social en Sevilla".

Maeztu considera, al hilo de ello, que "la organización y planta de los juzgados de lo Social de Sevilla amenaza con no poder garantizar el derecho constitucional a merecer una tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías y sin dilaciones indebidas, en los términos recogidos en el artículo 24 de la Constitución", según la resolución consultada por Europa Press.

"grave situación de dilaciones"

Añade que los hechos relatados en sus quejas por muchas personas y profesionales sobre el funcionamiento de los juzgados de lo Social "han adquirido la categoría de ejemplos veraces y ajustados que acreditan una grave situación de dilaciones e inadecuado funcionamiento de estos órganos", señalando que "nuestras investigaciones han ratificado unos señalamientos que se alargan en el tiempo con plazos que sobrepasan los tres años para citar a juicio".

Y es que "todas las informaciones que hemos requerido para comprobar el alcance de estas quejas ratifican la gravedad de la situación", pues los titulares de varios de estos juzgados "ratifican la situación de un número de asuntos que sobrepasa con creces" los módulos de carga de trabajo asumibles y "dibujan un resultado desolador a pesar del extremo esfuerzo que se vuelca debido a una sobrecarga inasumible de asuntos".

De su lado, la propia Consejería califica la situación de "alta pendencia y elevada carga de trabajo", mientras que el TSJA "repite en sus sucesivas memorias anuales la necesidad de prestar atención especial a la jurisdicción social muy sobrecargada por los efectos de la crisis económica".

Destaca la actitud de la junta

"Las medidas paliativas acordadas no han corregido la situación. En cambio, las soluciones están perfectamente definidas y propuestas pero no se han adoptado, ante la negativa a la creación de nuevos órganos judiciales", lamenta el Defensor del Pueblo Andaluz.

De igual modo, destaca la "actitud de comprensión" y de "loable prudencia" de la Consejería de Justicia e Interior "a la hora de poner de manifiesto estas necesidades y exigir las respuestas obligadas".

No obstante, el Defensor del Pueblo considera que "sería muy deseable que estas cuestiones acapararan las prioridades de las discusiones y asuntos que ocupan un lugar preferente en las agendas institucionales o políticas", pues "no podemos postergar por más tiempo las reacciones firmes y argumentadas que aguardan la sociedad andaluza y los operadores jurídicos para revertir esta situación".

En su memoria correspondiente al año 2014, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ya solicitó la creación de seis nuevos juzgados de lo Social al entender que en esta jurisdicción "son precisas medidas urgentes de refuerzo dados los derechos que se postulan", añadiendo que algunos de estos juzgados están señalando ya para principios del año 2019, mientras que la media de los señalamientos es para 2018.

De su lado, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo, ya calificó de "deplorable" que muchas de las personas pendientes de juicio para solucionar problemas laborales, reclamaciones de cantidad, o prestaciones de la Seguridad Social, se vean obligadas a esperar al año 2019 para que su caso se resuelva en una vista oral.