Los grupos que conforman el Parlamento gallego quieren que el Consello de Contas, en su plan de trabajo para este año 2015, aumente el control y la fiscalización sobre los organismos públicos, aunque la oposición es más severa en las recomendaciones que realiza a este organismo público y pide la fiscalización concreta de concesiones públicas en el ámbito social.

La reforma de la ley que regula el Consello de Contas es una de las comprometidas para los próximos meses y el Grupo Popular ya tiene previsto que, en ella, se incorpore una sección específica para el combate de la corrupción. Mientras, los grupos del hemiciclo gallego, en virtud de la relación parlamentaria actual con este órgano, han formulado sus recomendaciones para el plan de trabajo de 2015, que ahora tendrán que ser votadas y negociadas.

Las propuestas de los populares gallegos, a las que ha tenido acceso Europa Press, piden que Contas "fiscalice los procedimientos de incorporación de personal en organismos públicos y su adecuación a la actividad de las respectivas entidades", de manera que analice un periodo temporal razonable que permita ver la evolución de este personal.

Asimismo, el grupo mayoritario —cuyas iniciativas, si no fructificase ningún acuerdo, saldrán aprobadas— también insta a Contas a realizar un análisis temporal de la evolución del endeudamiento de la denominada administración institucional, es decir, los entes dependientes, en términos de "contabilidad nacional, razonabilidad y sostenibilidad".

En esta línea, los socialistas solicitan al Consello de Contas, en sus recomendaciones, que haga un análisis de la razón de ser de cada una de las entidades públicas instrumentales, verificación del cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y origen de su financiación y deuda real para cada uno de ellos.

Contratos de publicidad y sobre benestar

Pero el PSdeG también pretende que el órgano fiscalizador analice los contratos de publicidad y comunicación suscritos por el sector público autonómico. AGE, por su parte, quiere que se incluyan los contratos de publicidad firmados por la Compañía de Televisión Pública de Galicia y su rentabilidad.

Además, en las recomendaciones de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a las que ha tenido acceso Europa Press, se pide un informe de fiscalización específico sobre el consejo de administración de la compañía mediática pública, "haciendo especial seguimiento de las retribuciones de sus miembros y de los pagos en concepto de dietas".

El PSdeG apuesta por que Contas fiscalice a los beneficiarios de subvenciones, préstamos y ayudas del Igape y realice informe sobre la contratación o externalización realizada por la Consellería de Traballo e Benestar o las entidades que dependan de la cartera que dirige Beatriz Mato, en relación con el ámbito social.

Así, piden incluir las plazas infantiles, centros residenciales de personas mayores, centros para personas con discapacidad y otros relacionados con este ámbito en el que se establezca una comparativa entre los servicios y las fuentes de financiación, y se haga una diferencia entre los precios de la gestión directa e indirecta.

Gasto farmacéutico y servicios de los municipios

En cuanto a los populares, solicitan en sus iniciativas, a las que ha tenido acceso Europa Press, un análisis del gasto farmacéutico en la Comunidad gallega y su evolución desde el año 2007.

Además, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) quiere que Contas incluya en su trabajo de 2015 un informe sobre la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), algo que también pide el BNG; y que se realice un informe específico sobre todos los servicios públicos externalizados en las entidades locales, especialmente, en el servicio de aguas y transportes.

Al margen, AGE también quiere que Contas fiscalice los conciertos de la Consellería de Educación con los centros educativos privados que segregan por sexo. En las recomendaciones del BNG, a las que ha tenido acceso Europa Press, se pide uno sobre los conciertos educativos en general.

En materia de administración local, los populares solicitan a Contas que realicen un análisis de la evolución temporal del endeudamiento; mientras que los socialistas quieren que realice un control sobre las ayudas y subvenciones de la Xunta a los ayuntamientos y entidades locales.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) apuesta por que Contas realice un "informe de fiscalización exhaustivo" a las diputaciones provinciales, así como fiscalice la actividad contractual del Sergas y haga un informe específico sobre el nuevo hospital de Vigo, junto con otro más de los conciertos con Povisa.

Del mismo modo, quiere extender este control a la obra pública de la autovía de la Costa da Morte. Los nacionalistas también quieren que, además del Igape, se fiscalice el convenio de este ente con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) para la creación de la red Pexga.

La portavoz del Grupo Mixto, Chelo Martínez, también firma, por su parte, nueve recomendaciones, entre las que fija prioridades en materia sanitaria y solicita que se "evalúe el impacto de los recortes presupuestarios en relación con la labor investigadora y el prestigio de las universidades".

Reforma de la ley

Al margen de estas recomendaciones, el PP ultima la propuesta de reforma legislativa del Consello de Contas, con la que pretenderán "reforzar las competencias del órgano de control externo de la Comunidad, su independencia y su propia eficiencia", así como la capacidad de cooperación con otras instituciones".

Así, en este órgano recaerán específicamente las competencias en materia de prevención de la corrupción, para lo que se creará una nueva sección específica que controlará la actividad económica y financiera de las formaciones políticas, como bienes patrimoniales de los altos cargos, conforme pidió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La proposición de ley, que después tendrá que ser sometida a enmiendas de los grupos de la oposición, también tiene como objetivo, según los populares "reforzar el papel institucional y evitar incurrir en gastos adicionales asociados a la creación de nuevas oficinas, departamentos o agencias de prevención de corrupción".

La propuesta legislativa otorga al Consello de Contas la competencia de fiscalizar y controlar la actividad económico-financiera de las formaciones políticas que perciban subvenciones de la Comunidad.

Además, una de las principales novedades es que se establece un nuevo procedimiento de fiscalización a través de denuncias remitidas por la ciudadanía u asociaciones con personalidad jurídica. En estos casos, el Consello de Contas constatará la "verosimilitud" de los hechos para establecer el control.

Comparecer en el parlamento

También se establece la obligatoriedad de comparecencia previa en el Parlamento de los candidatos al Consello de Contas y somete a los miembros que lo integren al mismo régimen de transparencia que a los miembros del Consello de la Xunta.

Además, las personas que desempeñan las tareas de auditoría verán reforzadas sus capacidades mediante el establecimiento de su condición de agente de la autoridad. Podrán solicitar "evidencias documentales" en cualquier tipo de soporte y tendrán acceso a los sistemas contables de las entidades controladas.