Más de 30.000 familias andaluzas se incorporan en febrero y marzo al cobro del salario social

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que en las últimas comisiones celebradas en febrero y marzo de 2015 se han incorporado 30.100 familias al cobro del Ingreso Mínimo de Solidaridad, también conocido como salario social, un total de 21.500 en febrero y 8.600 en marzo.

En declaraciones a Europa Press, la consejera señala que mientras se articula la fórmula para la renta básica, "una propuesta incluida en el programa electoral y un compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se llevará a cabo escuchando las propuestas y aportaciones que todos los grupos políticos realicen en el Parlamento", afirma, desde Andalucía "seguiremos apostando, desarrollando e intensificando medidas como los planes de empleo y el salario social, entre otras".

En este sentido, la consejera ha recordado que los planes de empleo puestos en marcha desde la Junta de Andalucía han permitido realizar unos 85.000 contratos y, en 2014, "un total de 16.150 de ellos, es decir, el 19 por ciento del total de los empleos creados con los nuevos programas, han sido a personas que había solicitado el salario social, lo que viene a demostrar que Andalucía apuesta por el empleo y está al lado de los que más lo necesitan", manifiesta.

Por otra parte, respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, Sánchez Rubio ha anunciado que en las últimas comisiones celebradas en febrero y marzo de este año se han incorporado 30.100 familias al cobro de estas ayudas. El presupuesto para destinado para esta medida en 2015 asciende a 90,6 millones, "cantidad que se seguirá destinando, en las comisiones que se vayan celebrando, a las familias que más lo necesiten", precisa.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad consiste en una prestación económica mensual, cuyo objetivo es mejorar la situación de las personas más vulnerables en Andalucía. Supone el 62 por ciento del salario mínimo interprofesional incrementado en un ocho por ciento por cada miembro de la unidad familiar que se acoge a esta solicitud, hasta un máximo equivalente al 100 por 100 del salario mínimo interprofesional.

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