El juez examina hoy la lista de 30 supuestos traficantes de Pajarillos

La Coordinadora contra el Narcotráfico confía en que se abra juicio contra los presuntos camellos, cuyos datos han hecho públicos.
Nuevo contraataque de la Coordinadora contra el Narcotráfico de Pajarillos, cuyos dirigentes pedirán hoy de nuevo al juez que se abra juicio contra las personas de su polémica lista, donde incluyen datos personales de 30 vecinos del barrio dedicados, supuestamente, al tráfico de drogas.

En su querella, el colectivo recoge una veintena de direcciones con nombres, apellidos, DNI, e incluso apodos de sus 30 moradores, la mayor parte relacionados con el denominado clan de los monchines. A todos ellos se les acusa directamente de ejercer la venta de droga de forma «coordinada y organizada», en concreto heroína y cocaína, informa Europa Press.

La documentación se elaboró a partir de la información facilitada por «cientos de personas del barrio», explicó el portavoz del colectivo, Luis Ocampo. Es más, hoy ofrecerán también al juez un listado con testigos que están dispuestos a refrendar en un posible juicio que los denunciados ejercen desde hace años esta actividad delictiva en veinte pisos, casi todos bajos, repartidos por todo el barrio.

Los vecinos que avalan la querella –por delito contra la salud pública– aseguran ver a diario el trasiego de drogadictos deambulando por las calles. Muy especialmente por las viviendas del 29 de Octubre y zonas colindantes donde, según la coordinadora, se juntan en ocasiones varios de ellos a la espera de que les toque el turno para comprar la mercancía por las ventanas de los pisos bajos.

La denuncia culpa al Ayuntamiento de parte de la situación, ya que en su día se comprometió a realizar un seguimiento de las familias realojadas en Pajarillos «y no consta que haya hecho tal investigación». Añaden, además, que la actividad aumentó tras el desmantelamiento del poblado de la Esperanza.

Caso abierto, archivado...

La comparecencia de hoy llega tras un largo proceso en los tribunales. La denuncia se presentó el 9 de febrero de 2006 y  fue archivada porque «ya hay cauces judiciales que investigan estos hechos y no es suficiente prueba jurídica que sea vox populi que se trafica en estos inmuebles». El archivo fue revocado por la Audiencia, que aconsejó a la Coordinadora que presentara mejor una querella y se personara como acusación popular.

Se volvieron a archivar las diligencias y la Audiencia ordenó de nuevo la reapertura del caso.

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