El Gobierno de Rajoy suma una nueva 'marcha atrás' a menos de dos meses para las elecciones

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy
OLIVIER HOSLET / EFE

Parece "sensato y razonable" pensar que las cuatro grandes últimas rectificaciones del Gobierno se han producido con un fin electoral. "Sensato y razonable" es, precisamente, lo comentado por Mariano Rajoy ante el anuncio de Sanidad de devolver a los inmigrantes en situación irregular su derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Más práctico", "agiliza" o "se ha estudiado en serio" son otros de los términos utilizados por el Ejecutivo para justificar su rectificación en un contexto sospechoso de tener fin electoralista, como denuncian colectivos sanitarios o la oposición. Con ellos se han referido a la no ejecución del anteproyecto de ley del aborto planteado por Gallardón, el pago de medicamentos a todos los enfermos de Hepatitis C, la retirada de las tasas judiciales y el acceso de los 'sin papeles' a la atención sanitaria.

El 'sprint' de enmiendas a uno mismo lo inició el Ejecutivo con la polémica ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón. El exministro de Justicia puso su carrera política en manos de un anteproyecto que se caía de forma abrupta en septiembre, motivo por el que precisamente presentaba su dimisión. En diciembre el propio Gallardón daba luz a los motivos de esta marcha atrás: "Me dan asco. No me importa si lo ha promovido un lobby o se ha pensado que es un beneficio electoral", expresaba.

Las dos siguientes se produjeron en apenas 24 horas, a finales de febrero. El 26 de este mes Sanidad anunció que destinaría 727 millones de euros para 52.000 pacientes que necesitaban tratamiento contra la Hepatitis C, terminando con la idea de ofrecer el medicamento solo a quienes estaban en situación crítica. El ministro, Alfonso Alonso, no tardó en rechazar que el plan tuviese fines electoralistas: "Yo quiero que haya personas que voten en las siguientes elecciones, y en las siguientes, y en las siguientes, y que voten lo que quieran votar porque si no, igual no pueden votar". Rajoy se comprometía a administrar fármacos "a todos" los enfermos, después de semanas de encierros y peticiones rechazadas. El presidente decía que se había estudiado "en serio" este asunto, en un comité de expertos. "Vamos a hacerlo porque ahora es cuando se puede hacer", añadió.

Un día después, el 27 de febrero, el Gobierno anunciaba la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas. En el Consejo de Ministros, se aprobó la revisión del sistema para "agilizar" los tiempos de respuesta en los tribunales. Se incluía en el decreto de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social, con el que trabajar "para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva". Una sensación que no tuvo el PP en marzo de 2013, cuando se quedó solo en el Congreso defendiendo el decreto-ley que había presentado unos meses antes la cartera de Gallardón, un plan "abusivo" para la clase media. A punto de finalizar la legislatura, y tras 541 millones de euros recaudados, Rafael Catalá asegura que se responde a una "reivindicación" de los profesionales que pedían su eliminación.

Segunda rectificación de Sanidad

La cuarta gran rectificación, y a falta de dos meses para los comicios no se puede decir que sea la última, es la de ofrecer asistencia sanitaria primaria a los 'sin papeles'. Se trata de uno de los anuncios estrella en la recta final de la legislatura, y viene de la mano del ministro Alfonso Alonso, también responsable de la decisión sobre los enfermos de Hepatitis C. Según el ministro, se modifica "por cuestiones de salud pública", porque es "más práctico" y para "no saturar las urgencias". Tres argumentaciones que nada tienen que ver con la idea plasmada en abril de 2012, pocos meses después de llegar al Gobierno, cuando se decidió retirarles la tarjeta sanitaria a estos inmigrantes, que solo podían ser atendidos vía urgencias.

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