El Gobierno de Cantabria (PP) asegura que el problema de las sentencias de derribo quedará "en buena medida" resuelto esta legislatura ya que, antes de que concluya, se prevé que todas aquellas viviendas con posibilidad de ser legalizadas, unas 450, tengan ya su autorización provisional y tener cerrados unos 400 acuerdos de compensación que garanticen el patrimonio de los propietarios.

Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta del grado de cumplimiento del Plan de Derribos del Gobierno regional que, según ha dicho, "ya se está plasmando en soluciones" que, a su juicio, servirán para "resolver" el problema o, al menos, "atenuarlo".

Además, con las soluciones en que se está trabajando, el Gobierno regional confía en reducir hasta los "20 o 30 millones" el desembolso de la Administración autonómica para hacer frente a los derribos y a las indemnizaciones a los afectados, en contraposición a los 300 previstos que habría que pagar si todas las viviendas con sentencia tuvieran que ser demolidas y sus propietarios indemnizados.

Según ha resumido, la soluciones en que se está trabajando son, por una parte, avanzar en la legalización de aquellas viviendas con sentencia de derribo que "encajen" en los planeamientos municipales de ordenación urbanísticamente y, por otra, cerrar los acuerdos de compensación que garanticen el patrimonio de aquellos propietarios que van a ver derribadas sus viviendas al no ser posibles legalizarlas.

Respecto a la primera alternativa, la de la legalización, ha explicado que ya se han concedido 430 de las 450 autorizaciones provisionales previstas a aquellas viviendas con posibilidades de legalización y ha señalado que la veintena que faltan —para unas 20 veinte viviendas de Cerrias— se prevén otorgar en abril.

Según ha dicho, las viviendas con autorización provisional estarán "amparadas por la Ley", aunque de forma "provisional", y "no se pueden demoler".

Tras recibir estas autorizaciones provisionales, las viviendas con posibilidad de regularización recibirán, una vez aprobados los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) de los municipios donde se ubican, las licencias.

Como ejemplo, ha señalado que las del edificio Las Torres, en Escalante, podrían recibir la licencia este mismo año, dado que está previsto que el PGOU se apruebe provisionalmente esta semana y, definitivamente, en mayo.

Sin embargo, el consejero ha recordado que la "última palabra" sobre la legalidad de las viviendas con autorización provisional la tendrán los tribunales.

Por ello, ha explicado que, por si las licencias de estas viviendas se anulan por los tribunales, se está trabajando en cerrar los acuerdos de compensación que sirvan de "seguro" para garantizar el patrimonio de los afectados y por los que el Gobierno regional se compromete a que si finalmente hay demolición se les entregará una vivienda que sustituya a la suya y, si la Administración "no cumple" el compromiso, podrán obtar por ser indemnizados económicamente.

Estos acuerdos compensatorios son también la solución ofrecida por el Gobierno regional a aquellos propietarios de vivienda que no pueden ser legalizadas, como las de La Arena (Arnuero) —algunos ya lo suscribieron el pasado viernes—; 17 en Cerrias (Piélagos) y una docena en el Camino del Portillo (Argoños).