Un total de 44 propietarios de las urbanizaciones La Arena, en Arnuero, y Las Torres, en Escalante, con sentencias de derribo, han sido este viernes los primeros en suscribir los acuerdos de compensación por los que el Gobierno de Cantabria se compromete a garantizarles una nueva vivienda para sustituir a aquellas que sean, finalmente, demolidas, documentos que, según el Ejecutivo regional, constituyen el "principio del fin del calvario" de los afectados.

Aunque este viernes han sido 44 los firmantes, son unos 94 propietarios de estas dos urbanizaciones los que ya han anunciado al Gobierno regional su disposición a firmar este acuerdo y que, según Fernández, suponen "prácticamente todos" los afectados, a excepción de "uno o dos".

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, han suscrito con estos propietarios estos acuerdos, a través de los que la Administración regional asume, de cara los afectados, "toda la responsabilidad" a la hora de garantizarles su patrimonio.

"Es lo mejor que os podemos poner encima de la mesa", ha dicho el presidente regional, quien ha asegurado que él y todos los miembros del Ejecutivo regional que han participado en el proceso de elaboración de estos acuerdos sienten la "satisfacción" del "deber cumplido" por hacer frente a una "obligación" con los afectados sobre un problema "arrastrado" desde hace "más de 20 años" y que el Gobierno que preside "se encontró" a su llegada al Gobierno "sin planteamiento de solución".

El presidente y el consejero han coincidido en que estos acuerdos "hacen justicia" con unos derechos de los afectados que, según han opinado, "no se acababan de reconocer" y han asegurado que, en estos documentos de compensaciín, el Gobierno ha puesto "toda su inteligencia" y que son "fruto de la ilusión y el trabajo".

Fernández, que ha calificado de "magníficos", "justos" y "honrados" estos acuerdos, ha afirmado que, en ellos, se ven "plasmados" los derechos de los propietarios y que, a través de los mismos, se quiere "compensar" parte del "daño", el "sufrimiento" causado a los afectados por los "muchos errores" cometidos por el Gobierno de Cantabria, por los que se ha disculpado.

Además, Fernández ha explicado que estos acuerdos permitirán a los afectados poder exigir por la "vía jurídica" el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Ejecutivo regional, que pasan por entregar a cada propietario de estas urbanizaciones una vivienda "digna" y de similares características a la que tenían en caso de que ésta sea derribada si no es posible legalizarla.

El derribo de su vivienda ya es seguro para los propietarios de La Arena, ya que es una de las urbanizaciones en las que el Gobierno de Cantabria no ve posibilidad de legalizar y regularizar a través del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Arnuero.

En base al acuerdo suscrito este viernes, los propietarios tiene la "garantía", según Diego, de que "antes" de que su vivienda sea demolida se les entregará, en sustitución, otra de similares características.

A pesar de ello, el presidente regional no ha precisado cuándo se podrá ver materializado este acuerdo con la construcción de estas viviendas.

Sin embargo, en el caso la urbanización Las Torres, de Escalante, el acuerdo firmado este viernes es, de momento, un "seguro por si las cosas salen mal" y finalmente son rechazadas por los tribunales las autorizaciones provisionales y las posteriores licencias.

En este mismo caso, han explicado, se encuentran otras 400 viviendas que también tienen ya su autorización provisional, a la espera del pronunciamiento de los tribunales, que son los que finalmente tendrán que determinar su legalidad.

"todo el empeño" en legalizar la "mayoría" de las viviendas

El consejero de Medio Ambiente ha asegurado que el Gobierno regional va a poner "todo el empeño" y se "va a dejar el alma" en conseguir que este edificio Las Torres y las autorizaciones provisionales conseguidas por sus 32 viviendas —sobre las que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad— sean declaradas legales, lo mismo que en el resto de casos de casas con autorizaciones provisionales.

Fernández se ha mostrado "seguro" de que "la mayoría" de esas más de 400 viviendas con autorización provisional van a obtener su licencia definitiva y van a ser declaradas legales.

A juicio del consejero, los firmantes de estos acuerdos, con la autorización provisional y la posterior licencia "en una mano" y con este acuerdo de compensación "en la otra", "pueden dormir tranquilos".

Una "solución" al problema de los afectados y de cantabria

Por su parte, Diego ha asegurado que éste constituye un momento "especialmente ilusionante" y ha destacado que "se ha conseguido dar una solución jurídica" que, además de "resolver" y "quitar" el "grave" problema de los afectados, también "minimiza" el que tenían todos los cántabros, y que, según ha dicho, era "enorme".

Así, ha recordado que si no encontraba una salida y las cerca de 600 viviendas con sentencia de derribo tenían que ser demolidas, la comunidad autónoma iba a tener que afrontar un "desembolso" de unos 300 millones para los derribos y para pagar las indemnizaciones, algo para lo que —ha dicho— "tampoco está Cantabria".

"No puede", ha reconocido el presidente regional, quien ha confiado en que esa cantidad pueda dedicarse, no a realizar este pago, sino a colegios, poliderportivos u otras infraestructuras y a mejorar servicios para los ciudadanos.

Sobre este asunto, el consejero ha confiado que finalmente ese pago de 300 millones de euros se quede, "a lo sumo" en 10 o 20 millones, teniendo en cuenta aquellas viviendas con sentencia de derribo que va a haber que demoler al no encontrar un modo de legalizarse.

En el encuentro con estos propietarios, Diego ha destacado el "empeño" puesto por el actual Gobierno regional, y concretamente por los integrantes del equipo de la Consejería que dirige Javier Fernández, en resolver este asunto.

"Ellos han puesto lo mejor de sí mismos", ha dicho Diego, que ha asegurado que han dedicado "muchas horas de trabajo" y "desvelos" a este asunto.

Diego ha subrayado que, para dar solución a este problema, el Gobierno ha efectuado un ejercicio "de poenerse en el otro lado de la mesa", del de aquellos que llevan sufriendo este problema.

A preguntas de los periodistas, el presidente regional ha avanzado que los siguientes afectados que podrían firmar ya estos acuerdos serían los propietarios de urbanizaciones de Piélagos y de Argoños.