El que fuera delegado especial en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz entre 2001 y 2004, Miguel Osuna, ha anunciado que presentará un recurso de revisión solicitando que se valore la validez de la auditoría tecnológica de la Universidad de Sevilla (US) sobre Rilco, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva y un recurso de nulidad de todos los procedimientos en los que han intervenido los abogados del Estado José Aurelio Ruiz Piña y Manuel Ponce.

A éstos los que considera "colaboradores necesarios" en los delitos por los que ha sido condenado a ocho años de cárcel el exdelegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz con el PP Manuel Rodríguez de Castro en el marco del denominado caso Rilco.

Así lo ha precisado Osuna en una rueda de prensa, después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) confirmara hace días la condena de ocho años de cárcel impuesta a Rodríguez de Castro por el delito de fraude en la obtención de subvenciones en el denominado caso Rilco, al tiempo que confirmó la absolución de Osuna.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, por su parte, confirmó también este mismo mes la sentencia dictada con fecha de 11 de octubre de 2011 por la que se condenaba a Osuna a pagar la cantidad de 2.675.551,76 euros por "irregularidades" cometidas cuando estaban al frente del Consorcio.

Osuna ha destacado que el TS dice que es "inocente", y que la sentencia de la Sala Penal del Supremo "declara probado que el programa Rilco se hizo, que se pagó por él lo que valía y fue recepcionado por las personas que tenían que recepcionarlo en tiempo y forma".

"La Abogacía General del Estado utilizó dos informes hechos por Abogacía del Estado en Cádiz de fecha 8 y 18 de enero de 2001 para intentar demostrar que Rodríguez de Castro había antedatado un contrato y que yo debía saberlo", ha explicado, indicando que esos informes "son una confirmación" de que Ruiz Piña y Ponce son "colaboradores necesarios en los delitos por los que Rodríguez de Castro ha sido condenado a ocho años de prisión".

"En vez de reconocer que habían metido la pata, y que yo en mi actuación lo que había hecho es seguir los consejos e informes que ellos me habían dado, se pusieron al frente del linchamiento moral y en algunos casos mucho más que moral que he sufrido durante once años", ha lamentado.

Requerimiento formal a la zona franca

Asimismo, ha detallado que va a enviar un requerimiento formal a la Zona Franca de Cádiz "para que conozcan los hechos que pasaron en el sumario". En el requerimiento a Zona Franca, Osuna pedirá que adopte el acuerdo de anular todos los actos de Ruiz Piña y Ponce puesto que "tenían un interés ilícito" contra él "desde que se ha puesto de manifiesto su colaboración necesaria en los delitos cometidos por Rodríguez de Castro".

Cuando haya presentado los recursos arriba mencionados, presentará "una demanda civil y/o penal solicitando daños y perjuicios por el anormal funcionamiento de Zona Franca y por la denuncia falsa", que lo dirigirá contra Ponce, Ruiz Piña y el exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz José de Mier. En esa demanda, "además de los gastos ocasionados y daños morales sufridos", Osuna solicitará "una indemnización de 2,6 millones de euros".

También demandará a "la mujer de Ruiz Piña y en aquella época miembro del Comité Ejecutivo de la Zona Franca", Nuria Maroto, que "votó a favor de todos los acuerdos que propuse" y "luego tuvo el detalle de enviar un correo a más de 200 inspectores de Hacienda con el conocimiento y respaldo del presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ramsés Pérez Boga, actualmente candidato número 3 del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, contándole que me iban a condenar a distintas cosas".

Osuna pedirá "la inhabilitación como mínimo" de De Mier, Ruiz Piña y Ponce. Defiende que "en el ordenamiento jurídico español puede haber dos responsabilidades, pero no puede ser verdad o mentira al mismo tiempo la misma cosa: o el programa o se ha hecho o no se ha hecho, o vale menos de lo que decían que valían o valía lo que se ha dicho, y el programa o se entregó o no se entregó", y él está "convencido" de que eso "lo van a tener en cuenta tanto el TC como la Sala de Revisión del TS".

Ha acusado a De Mier de "incumplir un acuerdo del Comité Ejecutivo y del Pleno de la Zona Franca" en virtud del cual él se podía haber acogido a una póliza de seguros de responsabilidad civil, y reclamará "en vía penal" que se determine "de quién es responsabilidad que se paguen" los 2,6 millones de euros. En este punto ha criticado que el Tribunal de Cuentas haya hecho "propio" y "copiar literalmente no un informe de la Abogacía del Estado, sino un informe que De Mier encarga a unos amiguetes por teléfono".

Asimismo, ha precisado que lo que pesan sobre él son "anotaciones preventivas de embargo", pero que la sentencia que lo condena a pagar 2,6 millones de euros "no se ha ejecutado" y no cree "que se atrevan" a embargarlo "porque puede dar lugar a responsabilidades en el orden penal".

Intento de "chantaje" de "militantes socialistas"

Detalla que su defensa la ha pagado él y que le han ayudado a ello "amigos que puede ser militantes del PP" y también "alguno militante del PSOE", al tiempo que ha apuntado que sigue siendo militante del PP. Con el Grupo Municipal Socialista se va a "ver en los tribunales" y va a pedirle "la correspondiente indemnización por acusación falsa". Al hilo, ha desvelado que "a través de amigos en común, por lo menos tres socialistas de Cádiz" le han llamado para decirle "con que le eches un poquito de mierda a Teófila —en referencia a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP)— te quitamos de en medio".

"Por mucho chantaje que me hagan no voy a ceder, porque no tenía ningún motivo para echarle el muerto a nadie", ha apostillado antes de admitir que se arrepiente "de haber aceptado" en su día el cargo de delegado especial en el Consorcio de la Zona Franca, un puesto al que accedió porque le dijeron que necesitaban a alguien "que tuviera un buen diálogo con el PSOE" y le contara "qué había pasado" en la Zona Franca. "Era un marón que me tenía que comer y me lo comí", ha aseverado.

Explica que contó a dirigentes socialistas en Los Barrios "que Rodríguez de Castro poco menos que era un chorizo, y eso lo sabían desde el principio". "De una manera torticera me han intentado meter a mí de por medio", ha lamentado.

Tras afirmar que De Mier "sabe desde el principio de qué va esto", ha indicado que Ruiz Piña y Ponce "sabían que, o yo acababa en la cárcel, o ellos acababan en la calle", añadiendo que "se pusieron al frente del linchamiento y uno de los dos va a perder, como mínimo, el puesto de trabajo". "He tenido que aguantar once años y aquí hay dos culpables clarísimos: por omisión Ponce, y Ruiz Piña, al que no le importa firmar lo que sea".

Por último, Osuna ha recalcado que "en Andalucía todos sabemos que hay un montón de gente que se llaman conseguidores", y que Ruiz Piña "trabaja en un bufete donde todo el que quiere recibir ayudas de una determinada empresa pública van a ese bufete y piden una serie de apoyos", bufete en el que coincide con "alguna exministra". "Cuando salgan determinadas cosas, estoy segura de que una de ellas serán las relaciones entre determinados bufetes de abogados y determinadas subvenciones concedidas", ha concluido.