Los tres españoles que han declarado este jueves ante el juez Santiago Pedraz por combatir en Ucrania en las milicias prorrusas han asegurado que sólo prestaban ayuda humanitaria en ese país y que durante su estancia allí únicamente dispararon a una diana.

El juez ha tomado declaración a tres de los ocho españoles que fueron detenidos el 27 de febrero por combatir con las milicias y que fueron puestos poco después en libertad por la Policía sin pasar a disposición judicial.

Según han informado fuentes jurídicas, los tres han negado que fueran a Ucrania a combatir y han asegurado que en realidad acudieron a ese país a prestar ayuda humanitaria y realizaron labores de guardia en un comedor social.

Los españoles han asegurado que durante su estancia en el país de Europa del este nunca dispararon a nadie y solo sobre una diana, y uno de ellos ha negado que se le pueda imputar un delito contra la neutralidad de España porque en realidad él no cree en el Gobierno español al ser republicano.

El juez, que ha dejado en libertad a los tres después de que el fiscal no pidiera medidas cautelares contra ellos, tomará declaración el próximo día 19 a otros dos detenidos y los tres restantes lo harán por exhorto desde otros juzgados de España.

Los tres que han comparecido este jueves son los que fueron detenidos en Madrid, mientras que otros cinco fueron arrestados en otras provincias de España -Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres y Pamplona-.

Los detenidos pertenecían a movimientos de extrema izquierda y formaban parte de un grupo que fundaron ellos mismos bajo el nombre de "Brigada Carlos Palomino", y tres de ellos (no los que han declarado este jueves) son exmilitares del Ejército de Tierra.

Los arrestados habían regresado recientemente a España tras desplazarse en 2014 a Ucrania para incorporarse a los grupos separatistas prorrusos en el bando que lucha por la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk.

La detención se produjo por orden de Pedraz, que recibió una querella de la Fiscalía contra ellos basada en un informe policial con fotos y vídeos en los que los arrestados aparecen en Ucrania con armas como rifles Kalashnikov.

Habían colgado estas fotos y vídeos en redes sociales a su vuelta del país centroeuropeo y los agentes procedieron entonces a elaborar un informe con ese contenido para remitirlo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, competente para delitos cometidos por españoles en el extranjero.

Se les imputan diversos delitos cometidos por su integración y actividad en los grupos independentistas prorrusos de Ucrania tras regresar a España después de participar en el conflicto.

En concreto, delitos de cooperación o complicidad en asesinatos y homicidios llevados a cabo por los grupos y batallones a los que se unieron durante su estancia en territorio ucraniano, así como tenencia y depósito de armas y explosivos.

Según informó el Ministerio del Interior, se trató de la primera operación policial llevada a cabo en Europa contra las actividades de combatientes extranjeros en el conflicto ucraniano.