José Antonio Monago
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (c), durante el Pleno del Parlamento de Extremadura. Jero Morales / EFE

El Gobierno extremeño ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude "a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la patronal regional (CREEX), los sindicatos CCOO y UGT, y la  Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura.

Solo en la convocatoria de 2011, la única analizada hasta el momento por el Ejecutivo regional, el presunto fraude superaría los más de tres millones de euros, según ha afirmado en rueda de prensa la consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz.

Según los datos de la auditoría encargada por el Gobierno extremeño, las irregularidades detectadas, que podrían constituir un delito contra la Hacienda pública, consisten principalmente en que los gastos facturados por las citadas entidades son superiores al coste real y que este último no se ajusta a las condiciones de mercado.

La consejera ha manifestado que la investigación abierta atañe al 10 por ciento de los cursos de formación a ocupados correspondientes a la convocatoria de 2011

Acompañada por el director del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Miguel Lozano, la consejera ha dicho que, según los datos que posee la Administración a partir de una auditoría externa, se ha detectado un presunto sistema diseñado para defraudar cantidades elevadas a la Hacienda Pública mediante la sobrefacturación de los cursos, a veces de hasta ocho veces por encima de su coste real.

Una vez detectadas numerosas irregularidades, el Sexpe ha puesto en marcha, al margen de la investigación que en su caso lleve a efecto la Fiscalía, las acciones necesarias para exigir la devolución a las arcas extremeñas de las cantidades presuntamente defraudadas.

De la cuantía defraudada, estimada inicialmente en más de tres millones de euros, la mitad -unos 1,5 millones- correspondería supuestamente a la patronal extremeña Creex.

Dado que la patronal en su conjunto recibió subvenciones por valor de 3,1 millones de euros, el presunto fraude podría llegar hasta al 50% por ciento de la subvención que manejaron entre la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz (Coeba) y las federaciones empresariales de Cáceres y Plasencia, todas ellas integrantes de la CREEX.

Por su parte, la cantidad presuntamente defraudada por los dos sindicatos podría ascender a más de 600.000 en el caso de CC.OO. y una cifra similar por parte de UGT.

Dado que ambos sindicatos fueron subvencionados con 1,8 millones cada uno, el presunto fraude podría alcanzar el 30 por ciento de la subvención que recibieron.

Por lo que respecta a CEPES, la estimación del presunto fraude superaría los 300.000 euros de los 700.000 recibidos.

La consejera ha manifestado que la investigación abierta atañe al 10 por ciento de los cursos de formación a ocupados correspondientes a la convocatoria de 2011, por lo que la cifra estimada de los tres millones de euros corresponde a una proyección del citado porcentaje sobre el total de los cursos.

Sobrecostes del 800% y horas formativas a 820 euros

Muñoz ha explicado que la Fundación Tripartita es la entidad de ámbito nacional que daba apoyo técnico al Sexpe para la gestión y justificación de la formación. En la misma están representadas las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las empresariales más representativas, así como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En Extremadura, la gestión, ejecución y liquidación de los cursos de formación para ocupados de 2011, y las de los años inmediatamente anteriores, se realizaba con el apoyo técnico de la citada Fundación en virtud de un convenio celebrado con el Gobierno autonómico de entonces.

Sin embargo, el Gobierno de José Antonio Monago no renovó en 2012 dicho convenio, a fin de asumir el control íntegro de la formación para ocupados en la región

Respecto a los años anteriores en los que este sistema estuvo en vigor, el Sexpe no descarta solicitar "un examen escrupuloso" de la facturación de las convocatorias no prescritas a la Intervención General de la Junta de Extremadura.

El supuesto fraude en cursos formativos destapado por el Gobierno extremeño refleja vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas, cobros de hasta 820 euros por una hora de formación y facturas con sobrecostes del 800%, según los datos aportados por el Ejecutivo regional.

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