Protesta por los impagos del Fogasa
Decenas de personas protestan por los retrasos del Fogasa a la hora de abonar las indemnizaciones por despido. 20minutos

Los expedientes pendientes de tramitación por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) han vuelto a crecer después del acelerón registrado en buena parte de 2014, tras años de atasco y meses de retraso en los cobros por parte de los trabajadores despedidos. A inicios de 2015 eran 57.590 las solicitudes de cobro no resueltas, un 5,6% más que solo un mes antes, cuando había 54.512 expedientes sin concluir. En la medida que hay expedientes individuales y colectivos, no hay datos definidos de cuántas personas estarían afectadas. A modo indicativo, a inicios de 2014 había unos 167.000 casos pendientes, y los cálculos de los sindicatos estimaban en unas 200.000 las personas afectadas.

Fuentes internas del Fogasa consultadas por 20 Minutos apuntan a las especiales condiciones del mes de diciembre para explicar este incremento de la lista de espera: "En diciembre, sobre todo en la segunda mitad del mes, hay varios días festivos y mucha gente coge días de vacaciones por Navidad, o enlazan días de descanso de los que tienen acumulados", explican. En su opinión, por tanto, es aún pronto para determinar si el atasco es puntual o estructural.

Otras fuentes de Fogasa señalan que desde diciembre ha habido cambios sustanciales en la dirección del Fogasa: "Se han nombrado nuevo secretario general y nuevo adjunto a la secretaría... es una situación totalmente nueva. Hay que dar un tiempo prudencial para que se desarrolle esta nueva gestión", reconocen, si bien ya han constatado un cierto "bloqueo" en algunas delegaciones provinciales del Fondo.

Valencia, 600 nuevos casos pendientes

Aunque el aumento de casos se produce en la gran mayoría de las provincias, no es ni mucho menos igual en una y otra. Así, en delegaciones provinciales como la de Albacete el número de expedientes pendientes ha crecido más de cuatro veces (de 18 a 88 casos), y en Álava casi se ha duplicado (de 27 a 45), si bien el número total es relativamente pequeño.

Mayor es el incremento total en provincias como Valencia, cuyo número de casos pendientes ha crecido un 21%, pasando de 2.936 expedientes a 3.555 aún sin resolver. En Madrid, por su parte, aunque el atasco de expedientes ha crecido en 835 casos, apenas representa un incremento porcentual del 4,9%, por debajo de la media anual. Mejor aún parece ser la situación en Barcelona, la segunda población con más expedientes, si bien en el mes de diciembre apenas crecieron en 96 casos.

Hasta 34 meses de espera para cobrar

La misión principal del Fogasa es atender los pagos salariales pendientes de trabajadores cuyas empresas no pueden por motivos de falta de liquidez o de insolvencia. También se incluyen, por ejemplo, las indemnizaciones por despido y los salarios de tramitación. Estos cobros pendientes, además, han de estar reconocidos por alguna instancia judicial.

El crecimiento del paro sin precedentes sufrido en España a partir de 2007 —que supuso un 1.631% más de solicitudes— unido a los recortes de empleo público son las principales causas que originaron el atasco administrativo sufrido por el Fogasa. Tanto que a finales de marzo de 2014 había más de 201.600 expedientes pendientes de resolver y los retrasos acumulados para percibir lo adeudado superaban los 34 meses en comunidades como la Valenciana o los 18 en Madrid.

Para reducir la lista de espera el Gobierno, en vez de aumentar las horas extra del personal del Fogasa o destinar allí a más funcionarios, optó por encargarle a la empresa Tragsa, también de titularidad pública, una "encomienda de gestión" para resolver cuanto ante el bloqueo. El resultado: En apenas un año se redujeron un 71% los expedientes pendientes de tramitar. Se pasó de más de 201.600 casos abiertos a unos 54.500 en noviembre de 2014. Un mes después, volvía a crecer la lista de espera. Con las manos extra que supusieron los empleados de Tragsa, el Fogasa logró prácticamente duplicar los expedientes resueltos en un año. Si en todo 2013 se gestionaron y resolvieron 174.000 casos, el pasado año la cifra ascendió a más de 296.000 asuntos archivados.

"Ha sido un desastre"

A pesar de que los números aparentemente apoyan la decisión del Gobierno de externalizar los expedientes del Fogasa, las dos fuentes consultadas por este diario opinan que la llegada de Tragsa fue una mala decisión, y que ha provocado numerosos problemas al organismo público. "Tragsa ha sido un desastre en todos los sentidos. No solo porque se ha gastado mucho dinero público, sino porque ha habido muchos errores en la tramitación que pueden suponer un coste extra para la administración", tal como señala este alto funcionario del Fondo de Garantía.

"Hubo que destinar muchos medios para enseñar a los trabajadores de Tragsa, pero como había tanta urgencia empezaron a resolver expedientes casi sin saber", denuncia esta fuente interna. Tal como cuenta, durante 2014 se trabajó "a destajo", lo que en su opinión afectó al rigor de los controles de idoneidad de cada expediente. "Los controles no se respetaron. Por ejemplo, no se hacían comprobaciones de si un solicitante ya había cobrado por medio de un concurso de acreedores, así que técnicamente puede haber numerosos casos de personas que hayan cobrado la deuda dos veces", asegura.

Otra de las fuentes considera que también ha habido "problemas y errores. Muchos expedientes resueltos contenían fallos y han tenido que volverse a tramitar. En otros casos se ha perdido la documentación", explica.

Críticas aún más duras se destilan de un reciente informe del Tribunal de Cuentas referente al ejercicio 2013. La evidente situación de ausencia de medios humanos en el Fogasa ha provocado sobrecostes, falta de control en los juicios, pagos duplicados en el sistema de protección salarial y un bajo índice de cobro de deudas de empresarios y personas físicas, según esta institución fiscalizadora.